Por Víctor Barrera
En México la democracia cada día se ve más pisoteada y poco respetada y esto deriva a que ante la falta de leyes y normas claras, se puede hacer lo que se quiera sin que ningún partido político o aspirante a un puesto de elección popular sea sancionado.
Se ha modificado infinidad de veces la Ley electoral, con la intención de que exista equidad en las contiendas, pero estas no han sido lo suficiente y siempre se encuentra un espacio para poder dar vuelta a la ley.
La elección de personajes, que podrían ser prácticamente los candidatos a puestos populares, por parte del partido oficialista y de algunos de oposición, marcan esa irresponsabilidad a la ley, que la propia clase política se supone debe evitar.
Esto por supuesto desnivela la contienda entre los partidos políticos existentes y los ahora de reciente aprobación para competir en el 2027. Si se hace un una similitud con a una competencia atlética de carreras, algunos de los competidores ya se han adelantado, mientras que otros aun están en espera de que se dé la orden de arranque.
Alguien podrá seguir argumentando que lo que se realiza corresponde a procedimientos internos de los partidos políticos. Los cuales se señala en la Ley que esto sólo se puede realizar cuando se inicie el proceso electoral, con apego a las normas y plazos que establezca la autoridad.
Pero es aquí, precisamente, donde empieza el problema, las autoridades electorales no aparecen y prefieren desviar la vista ante los sucesos que ocurren en las17 entidades, donde se elegirán a nuevos gobernadores.
La excusa de que lo que se realizan son procesos internos de los partidos políticos, se rompe cuando vemos que esto no solo ciñe a realizar esta labor entre los militantes de los partidos, sino ahora se realizan reuniones públicas, con enorme difusión mediática lo que ya se puede entender como una campaña política abierta, pero las autoridades siguen sin entenderlo.
En el Consejo General del INE se trabaja para establecer los lineamientos de las precampañas políticas y después de las campañas oficiales. Pero no se toca a quienes arguyendo procesos internos violentan la ley abiertamente. Porque no existen lineamientos que eviten esas precampañas de las precampañas.
Hemos visto como se han realizado gastos, que no salen propiamente de los aspirantes a ser coordinadores, defensores o como quieran llamarles los partidos políticos. Sale del dinero que no puede fiscalizarse porque no existen reglas de este tipo para las precampañas de las precampañas. Esto por supuesto abre la oportunidad que entren recursos de muchos grupos y algunos de ellos no son de procedencia licita.
En un país donde el régimen ha manifestado la austeridad como el principal eje de actuación, el partido oficialista hace todo lo contrario y algunos otros partidos lo siguen amparados en la falta de reglas y normas claras.
Cuando el INE emita estos lineamientos, será demasiado tarde porque los hechos ya ocurrieron, se adelantaron los aspirantes y ya son prácticamente los candidatos. Esto les permite tener cierta ventaja sobre los nuevos partidos políticos que no pueden realizar ningún acto hasta el momento que la Ley y las reglas lo marcan.
En el poder legislativo este es un tema que los tiene sin pendiente, porque argumentan que no se puede legislar porque ya está próximo el proceso electoral. Pero si pueden ir discutiendo las modificaciones pertinentes para que se apliquen a partir del 2030. Pero como la clase política trabaja para sus intereses es mejor buscar excusas que actuar y fortalecer al árbitro electoral que evite la inequidad y la entrada de recursos de procedencia dudosa o la intervención de grupos que luego buscan cobrar sus facturas, Todo esto solo sigue deteriorando nuestra democracia, si es que aún existe pisoteándola y borrándola con pretextos absurdos.