En estos tiempos cuando los políticos ya desarrollan procesos internos rumbo a la postulación de sus candidatos para la contienda del 2027, en el Instituto Nacional Electoral (INE) apenas se analiza una posible contención para fiscalizar los ingresos y gastos vinculados.
Tras rechazar la propuesta del consejero Arturo Castillo, quien desde marzo pasado ha sugerido cargar los gastos de los procesos intrapartidistas a los reportes de campaña, con las eventuales consecuencias en rebase de los mismos, el bloque de la presidenta, Guadalupe Taddei, puso en la mesa una especie de plan B que no sería retroactivo, el cual avala que los gastos sean clasificados como ordinarios y anota restricciones para aportaciones en efectivo, especie y comodato.
Señala que el financiamiento privado que reciban los partidos con motivo de estos procesos se sujetará a límites: 3.3 millones de los aspirantes y 826 mil 223 pesos de militantes y simpatizantes, de tal forma que permitan la “plena identificación” del origen y destino de los recursos.
“Los límites tendrán finalidad de control interno y fiscalización ordinaria; no sustituyen ni equivalen a topes legales de precampaña o campaña”, se indica.
El INE también pide a los partidos que todos los gastos, incluidos los de propaganda digital, sean clasificados de acuerdo con el aspirante beneficiado. No obstante, todo quedará en la contabilidad del gasto ordinario partidista, no de precampaña o campaña.
Asimismo, se pide a los servidores públicos o legisladores en funciones que su participación en estos procesos no interfiera con las responsabilidades de su cargo y eviten el uso de recursos públicos y su sobrexposición en estos actos.
La propuesta plantea ordenar a los partidos que avisen al INE los movimientos que dan a nivel interno, para que a su vez el órgano envíe a sus representantes, y les pide que en sus actividades no realicen actos anticipados de precampaña.
En este proyecto de lineamientos se incluye la prohibición del uso de tiempos oficiales para difundir estos procesos políticos o de las personas inscritas.
“El uso de financiamiento ordinario no autoriza actos de precampaña o campaña encubiertos ni gastos con finalidad electoral prohibida. Cuando se adviertan elementos electorales o equivalentes, se dará el tratamiento legal que corresponda”, se indica.
Asimismo, están prohibidas las aportaciones de gobiernos, personas extranjeras, empresas, ministros de culto y sindicatos, por ejemplo.
Desde el mes pasado, partidos como Morena avanzaron en la inscripción de aspirantes a cargos que a la postre resultarán en candidaturas; comenzó con los interesados a las 17 gubernaturas que se disputarán el año próximo.
Igualmente, en el PAN y en el PRI delinean la vía para inscribir a los posibles precandidatos, aun cuando los tiempos constitucionales y legales para una precampaña están lejos todavía.
En ese contexto, ayer los consejeros conocieron una propuesta de lineamientos generales para regular y fiscalizar los actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con los comicios federal y locales concurrentes de 2026 y 2027.