El diputado federal Rubén Moreira Valdez consideró preocupante y manifestó su apoyo a los extrabajadores pensionados de Banrural por las afectaciones que enfrentan, luego de la implementación de la reforma al artículo 127 de la Constitución, que eliminó las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de alto nivel en organismos públicos, empresas productivas del Estado y entidades paraestatales.
A través de un Punto de Acuerdo, el legislador del PRI expuso que Beneficiarios del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN), han señalado que la disminución de sus ingresos ya se materializó y ha impactado directamente su economía familiar, pese a que sus derechos pensionarios derivan de relaciones laborales concluidas hace años y de compromisos asumidos por el Estado durante los procesos de reestructuración y extinción de organismos públicos.
En el documento, detalla que entre las preocupaciones expuestas por los pensionados destacan la posible afectación a derechos adquiridos, la aplicación de criterios que no distinguen entre remuneraciones de servidores públicos en activo y prestaciones de seguridad social, el riesgo de regresividad en materia de derechos sociales y el impacto directo en la calidad de vida de personas adultas mayores que dependen de estos ingresos para cubrir gastos de alimentación, salud y medicamentos.
El legislador priista precisó que los jubilados del Sistema Banrural no han solicitado la eliminación de la reforma constitucional ni han cuestionado los principios de austeridad y racionalidad del gasto público que la motivaron. Por el contrario, han planteado la necesidad de que la legislación secundaria incorpore salvaguardas específicas que permitan armonizar dichos objetivos con la protección de los derechos pensionarios previamente adquiridos.
Asimismo, informó que las y los jubilados han remitido comunicaciones a la Secretaría de Hacienda, así como a las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para advertir que ya se están aplicando descuentos a sus pensiones sin que exista información clara sobre la metodología utilizada para calcularlos.
Por ello, Rubén Moreira solicita a la Secretaría de Hacienda la instalación inmediata de una mesa de trabajo y diálogo institucional con representantes de la Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural, A.C., así como una respuesta formal, fundada y motivada a los escritos y solicitudes presentados por los jubilados y pensionados.
Asimismo, pidió a la Secretaría de Hacienda y al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) transparentar la metodología utilizada para determinar los descuentos aplicados a las pensiones del FOPESIBAN, precisando la base salarial, los conceptos considerados y los criterios jurídicos empleados.
Busca también que las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y del Senado de la República establezcan mesas de trabajo con organizaciones de jubilados y pensionados para analizar los efectos de la reforma y explorar medidas legislativas que otorguen certeza jurídica y protección a los derechos pensionarios previamente adquiridos.
Finalmente, Rubén Moreira sostuvo que la aplicación de cualquier reforma que impacte directamente el patrimonio y las condiciones de vida de miles de personas adultas mayores debe realizarse con plena transparencia, legalidad y respeto a la seguridad jurídica.