Por irregularidades que van desde inconsistencias contables hasta donaciones sospechosas de dinero en efectivo, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas en conjunto por 4.8 millones de pesos a las organizaciones que solicitaron registro partidista.
Las irregularidades graves, entre estas, de México tiene Vida, asociación impulsada por grupos conservadores de Nuevo León, por recibir donaciones en efectivo por 779 mil pesos de una persona (Vanesa Fernández Toros) sin capacidad económica para hacerlo.
Si bien la aludida intentó documentar las donaciones (cuatro hasta llegar a esa cantidad), la gestión no fue aceptada por extemporánea, pero además, la consejera Carla Humphrey dijo que se sospecha de una filtración de información, desde el INE en favor de esa asociación, por lo que pidió a la dirección jurídica abrir una indagatoria.
Aclaró que todos los procesos de revisión, relativos a todas las interesadas en obtener registro partidista, seguirán su curso, tanto a nivel de investigación como del cobro efectivo de sanciones.
Es decir, añadió Humphrey, el reporte de fiscalización es uno de los elementos que tomarán en cuenta para el veredicto final, programado para el jueves próximo.
“Las irregularidades detectadas en materia de fiscalización, la gravedad de las conductas observadas, los procedimientos oficiosos en trámite, las aportaciones de entes impedidos, la falta de certeza sobre el origen de recursos y las sanciones que hoy se proponen para aprobarse, deberán ser valoradas integralmente al momento de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de los registros”, advirtió.
Sobre la donadora de casi 800 mil pesos en efectivo, señaló que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE sostiene que más allá de si la persona tenía capacidad económica, hay una vinculación de los recursos con una persona moral, quien es un ente impedido para hacer aportaciones a esas organizaciones en pos de un registro partidista.
Al final, por unanimidad, se confirmó la multa más alta para México tiene Vida, por 2 millones 568 mil 391, así como el inicio de una investigación (procedimiento oficioso), y la comunicación del caso a las autoridades hacendarias y financieras del país, sobre todo, del dinero recibido posiblemente gracias a la triangulación de recursos.
La segunda sanción, por el monto, fue para Que Siga la Democracia, operada por personas antes afiliadas a Morena, con un millón 553 mil 864 pesos. Aquí se descubrió el pago de dinero a ciudadanos a cambio de asistir a una asamblea.
La tercera, con sanción por 421 mil 626, la recibió Construyendo Sociedades de Paz, la misma que durante más de un año usó en su emblema las siglas CSP, coincidentes con las de la Presidenta.
En el último sitio quedó, por el monto de la multa, Personas Sumando en 2025, con 327 mil 427 pesos. Este grupo es operado por ex funcionarios y ex consejeros del propio INE, algunos precisamente con años de experiencia en el terreno jurídico, contencioso y de fiscalización electoral.
Aunque ya anunció que impugnará las sanciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirma que no hay ningún elemento que le impida recibir el registro el jueves próximo.
No obstante, durante la sesión de ayer, el representante ante el INE del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Garibay, hizo un recuento de algunos de los hallazgos de cada una de las organizaciones.
De Personas Sumando dijo que 33.3 por ciento de sus ingresos provinieron de una sola familia, cuyos integrantes forman parte del consejo directivo de una asociación civil dedicada a otorgar becas.
Ello nos indica, añadió, que el grupo “cuenta con un padrón de beneficiarios que pudo haberse usado como bolsa de afiliación para la organización, encuadrando la prohibición de afiliación corporativa”.
En la sesión además se trataron los procedimientos ordinarios sancionadores para quienes aspiran a tener registro partidista, y se pusieron a consideración del Consejo dos hechos: una asamblea de Construyendo Sociedades de Paz, realizada en Jalisco, donde se ofrecieron dádivas a 17 personas a cambio de su afiliación, asunto que se sancionó.
En otro expediente relativo a esa agrupación, por usar las siglas CSP en al menos 276 asambleas, que pudieron haber generado confusión en la ciudadanía, se dio por cerrada, bajo el argumento –en votación dividida de consejeros– que la posible afectación al nombre, imagen y honor de la mandataria corresponde al ámbito del derecho privado. Además porque la denunciante, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, dio por sobreseído el asunto al dejarse de usar las siglas.
En otro tema, se declaró infundado un procedimiento administrativo de 2021 que involucró a un hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, señalado por PAN y PRD de recibir dinero en efectivo para la campaña electoral.