Propone iniciativa para proteger los derechos políticos de mujeres indígenas, afrodescendientes y con discapacidad

Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos político-electorales de las mujeres que enfrentan condiciones históricas de discriminación, la diputada federal Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa ante la Comisión Permanente, para reformar el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.

La propuesta plantea incorporar expresamente una perspectiva de interseccionalidad y universalidad en el reconocimiento de las conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres, a fin de visibilizar y atender las formas diferenciadas de agresión que enfrentan mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, con discapacidad y pertenecientes a diversas identidades culturales.

Al respecto, la diputada manifestó que las violencias políticas contra las mujeres en razón de género, continúan siendo un problema estructural que afectan el desarrollo democrático de México Y que, pese a los avances legislativos en materia de paridad y representación política, miles de mujeres enfrentan prácticas de discriminación, intimidación, acoso, exclusión y violencias dentro de los espacios de toma de decisiones.

Refirió que, de acuerdo con ONU Mujeres, las violencias políticas de género constituyen una violación a los derechos humanos que buscan perpetuar relaciones históricas de poder y limitar la participación de las mujeres en la vida pública. Estas agresiones dijo, pueden manifestarse mediante violencias simbólicas, psicológicas, económicas, mediáticas, digitales, institucionales o físicas, afectando tanto a candidatas como a mujeres electas, funcionarias públicas y lideresas comunitarias

Explicó que en México, el reconocimiento jurídico de las violencias políticas de género representó un avance fundamental con las reformas aprobadas en 2020; sin embargo, “diversos diagnósticos institucionales han señalado que las medidas existentes aún resultan insuficientes para atender las condiciones diferenciadas que enfrentan mujeres pertenecientes a grupos históricamente discriminados”, mencionó.

Agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha advertido que las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan obstáculos desproporcionados para acceder y permanecer en cargos públicos debido a prácticas discriminatorias arraigadas en las instituciones políticas y sociales.

Mencionó que estas prácticas incluyen la negación de recursos, exclusión de espacios de deliberación, invisibilización de agendas comunitarias, campañas de desprestigio y violencias simbólicas basadas en estereotipos étnicos o culturales. En el caso de las mujeres con discapacidad, la exclusión política suele manifestarse mediante barreras físicas, comunicacionales y normativas que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos políticos.

Arzola Vargas detalló que las mujeres rurales enfrentan condiciones de desigualdad relacionadas con centralización política, limitaciones económicas, precariedad institucional y menor acceso a mecanismos de protección frente a actos de violencias políticas. “Estas desigualdades se profundizan en contextos comunitarios donde persisten patrones patriarcales que restringen la participación política femenina”, sostuvo.

En ese sentido, la diputada por el Estado de México, advirtió que el texto vigente del artículo 20 Ter, no reconoce explícitamente las dimensiones interseccionales de las violencias políticas de género. “La ausencia de referencias específicas a mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales o con discapacidad genera un vacío normativo que dificulta la identificación de prácticas discriminatorias agravadas y limita el diseño de políticas públicas diferenciadas”.

Por lo que la reforma propuesta, “busca subsanar esta omisión mediante la incorporación de una nueva fracción que reconozca como forma específica de violencias políticas el limitar o negar el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de igualdad considerando la diversidad de contextos y condiciones que atraviesan las mujeres”.

“Esta iniciativa representa un avance sustantivo en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, pues no solo fortalece el marco jurídico de protección frente a las violencias políticas de género, sino que también reafirma el compromiso del Estado mexicano con una democracia paritaria”, sostuvo.

La iniciativa de reforma se dio turno directo a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.