El diputado federal Emilio Suárez Licona presentó una iniciativa para fortalecer la garantía presupuestaria en materia de salud pública y protección integral de niñas, niños y adolescentes (NNA). La propuesta busca incorporar un nuevo inciso en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que asegure que el gasto destinado a la atención de la niñez nunca sea inferior al aprobado en el ejercicio fiscal anterior.
Advirtió que la falta de un blindaje presupuestario para la infancia genera un ciclo de pobreza y enfermedad que compromete el futuro del país. Señaló que la malnutrición y la falta de vacunación incrementan los costos de los sistemas de salud en la edad adulta y agravan los problemas sociales y de seguridad.
El legislador priista subrayó que invertir en la infancia no es un gasto, sino la inversión más rentable que puede realizar un Estado. Recordó que estudios demuestran que, por cada peso invertido en programas integrales para la primera infancia, el retorno social puede alcanzar hasta siete pesos en el largo plazo.
Criticó la regresividad actual, que ha permitido el resurgimiento de enfermedades como el sarampión y la tosferina, calificándola de “económicamente irracional y éticamente inaceptable”.
El congresista del PRI destacó que esta reforma representa un paso hacia una democracia sustantiva, donde los derechos de los más vulnerables sean el eje de la acción estatal. “La niñez mexicana no puede seguir siendo el primer objetivo de los recortes fiscales ante cualquier crisis, pues su tiempo de desarrollo es finito y las oportunidades perdidas en la primera infancia son irreversibles”, afirmó.
El diputado Emilio Suárez sostuvo que el bienestar de la niñez es la verdadera medida del éxito de una nación. Blindar el presupuesto destinado a su atención, dijo, es una declaración de principios que coloca a las personas en el centro de la vida pública y asegura que el futuro de México no sea negociable frente a las urgencias del presente.
Finalmente, consideró que esta reforma legislativa constituye un acto de justicia social y un paso decisivo para consolidar un Estado de Bienestar sólido y equitativo.