La trata de personas no solo es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, sino también uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este delito genera hasta 236 mil millones de dólares anuales en ganancias ilícitas a nivel global.
En México, la dimensión del problema también es alarmante. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2015 y octubre de 2025 se han registrado más de 3,045 niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, de las cuales 74.8% son mujeres. Para diciembre de 2025, la cifra acumulada supera las 3,092 víctimas menores de edad, lo que evidencia una tendencia persistente.
Ante este panorama, la coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega Pacheco presentó una iniciativa para incorporar formalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
La propuesta busca que Hacienda participe de manera expresa en la identificación, análisis y seguimiento de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a este delito, el objetivo es fortalecer el enfoque financiero en su combate, mejorar la coordinación interinstitucional y avanzar hacia una política pública más eficaz e integral.
Las cifras territoriales también revelan focos críticos, como Quintana Roo (56 casos), Estado de México (40) y Chihuahua (29), los cuales concentran casi la mitad de los casos reportados en el país durante el periodo analizado.
“La trata de personas constituye una de las actividades ilícitas más lucrativas a nivel global, sostenida por redes delictivas complejas que requieren mecanismos financieros para ocultar, transferir y reinvertir los recursos obtenidos de manera ilegal”, advirtió la legisladora. “Su dimensión económica explica tanto su persistencia como su expansión, así como su estrecha relación con la delincuencia organizada transnacional”.
La evidencia respalda esta ruta. En 2021, la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había identificado 2,084 casos de operaciones financieras de personas y empresas con posible vínculo con la trata, de los cuales 871 correspondían a explotación sexual. Estas investigaciones derivaron en el bloqueo de 1,410 cuentas bancarias pertenecientes a 116 personas, por un monto de más de 144 millones de pesos.
Estos datos no solo confirman la magnitud económica del delito, sino también la efectividad de la inteligencia financiera para detectarlo y contenerlo. Entre los patrones identificados destacan: cambios frecuentes de razón social, creación de empresas con objetos similares, adquisiciones incongruentes con el perfil económico de los involucrados y transferencias a cuentas sin relación aparente.
Es por eso que incorporar a Hacienda en los mecanismos de coordinación no es sólo pertinente, sino urgente para desarticular las estructuras económicas que sostienen este delito.