Un funcionario estatal, Sergio “N”, fue vinculado a proceso en Sonora el pasado 27 de marzo por presuntos delitos cometidos cuando era responsable de atender a medios de comunicación. La Fiscalía del estado argumentó la existencia de “una situación objetiva de riesgo”, según indica documentación oficial a la que Proceso tuvo acceso.
La denuncia fue interpuesta en junio de 2025 por presuntas amenazas en contra de una persona periodista. Tras ello, la unidad de la Fiscalía del estado dedicada a la atención a delitos contra periodistas determinó otorgarle medidas de protección en un contexto en el que el señalado habría utilizado “su poder” para perjudicarla de manera económica y profesional.
“(Las agresiones han ocurrido) cuando a él no le parece alguna información publicada, o a veces no se entiende el porqué está enojado, pero la mayoría de las veces que me ha agredido han sido verbales y de forma presencial”, indican los testimonios de la persona que interpuso la denuncia que derivó en la integración de la carpeta de investigación ATP/HER/060/01410/6-2025.
El funcionario se desempeñaba como Director General de Difusión del Sistema Estatal de Comunicación Social (SECS) cuando fue denunciado, aunque ya no figura allí.
Posteriormente fue nombrado Director General de Seguimiento de Acuerdos y Gestión, bajo el liderazgo de Paulina Ocaña Encinas, quien labora como jefa de Oficina del gobernador Alfonso Durazo, y que inició el sexenio al frente del SECS. Su toma de protesta se llevó a cabo el 6 de septiembre pasado.
La persona periodista figuraba entonces como proveedora de la dependencia al sostener contratos publicitarios para la publicación de pautas, en ese contexto la violencia se habría extendido a lo económico.
“Dice que nos va a afectar económicamente ya que él tiene mucho poder para hacernos daño, que me iba a fregar, que no piense que voy a tener más convenios, y que me va a hacer que truene por todos lados. Así mismo, esta persona ha pedido el favor a diferentes medios de comunicación que no me contraten y ha hecho que no se me paguen los servicios y que me sea retirada la pauta por la cual ya existe un contrato”, indica uno de los testimonios.
La vinculación a proceso, según información de fuentes cercanas al caso, fue determinada por la jueza oral penal Julissa López Arellanes, con medidas cautelares durante el desahogo de pruebas que incluyen la obligación del señalado de firmar de manera periódica ante la autoridad judicial, no aproximarse a la persona periodista y mantenerse dentro de los márgenes territoriales del estado de Sonora.
Al cierre de esta nota, no existe una postura por parte de ningún área del gobierno del estado, aunque la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores Del Río Sánchez, ha afirmado en días recientes que las situaciones de violencia en la administración pública estatal representan un problema latente.
En casos graves, apuntó la funcionaria en una entrevista ante un medio local, concedida el pasado 8 de abril, se busca la separación del cargo de la persona denunciada mientras se deslindan responsabilidades, aunque con la consideración de la presunción de inocencia propia de la normativa.
Proceso solicitó informes sobre el caso al área de comunicación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, pero se obtuvo como respuesta que no se encontró información al respecto. Se solicitó, del mismo modo, una declaración o postura oficial del SECS, a cargo ahora de Paloma Terán Villalobos, pero no se obtuvo respuesta.