ilegalidad”, advirtió Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concancaco- Servytur) al hablar de la importancia de combatir la piratería.
De acuerdo con la confederación, en el 2025 el consumo de productos piratas en el país ascendió a 63,262 millones de pesos, lo cual afectó a 70,000 empleos formales. De no atenderse, este fenómeno podría intensificarse rumbo a la Copa del Mundo.
El líder empresarial señaló que la piratería compite con una ventaja injusta, ya que no cumple con normas, evade impuestos, no protege al consumidor ni asume costos regulatorios, además de aprovechar el prestigio y la inversión de las empresas formales.
En este contexto, las más afectadas serían las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como los negocios familiares que operan dentro de la legalidad.
Si bien el Mundial 2026 generará una importante derrama económica, la interrogante es quién la captará. “Porque va a permitir activar el turismo, el comercio, los servicios y conversación pública nacional e internacional, pero también abre espacio a conductas que erosionen el comercio formal como piratería física, piratería digital, uso indebido de marcas, fraude al consumidor y las importaciones o contrabando irregular”.
La Concanaco-Servytur identificó a los sectores más expuestos a la piratería rumbo al Mundial 2026:
extil
- Deportivo
- Comercio minorista
- Mercancía promocional
- Derecho audiovisual
- Maras patrocinadoras
La piratería afecta las ventas, la certeza, el empleo y la competencia”.
De la Torre enfatizó que el problema no inicia en la calle, sino en las aduanas. Por ello, consideró indispensable fortalecer la trazabilidad de mercancías, mejorar los mecanismos de control y elevar la capacidad del Estado para distinguir entre lo legal y lo ilícito.
“Si México quiere enfrentar este fenómeno rumbo al Mundial, no puede quedarse en la parte visible del problema, tiene que intervenir desde el origen, no solo mirar el escaparate, ahí entran las aduanas, la facilitación comercial la propiedad intelectual y la coordinación interinstitucional”.
En ese sentido, propuso reforzar las aduanas mediante esquemas de revisión no intrusiva, modernizar procesos y cerrar el paso al contrabando.
El organismo también advirtió que incentivar el comercio formal es clave. Datos de la Concanaco indican que 72 / de los trámites que están detenidos y afectando el crecimiento de los negocios recaen en la Secretaría de Economía y el 45% de estos siguen pendientes de resolución, por lo cual el 87% de las empresas reporta afectaciones y 58% de las empresas considera cerrar o reducir operaciones debido a la carga regulatoria y el exceso de trámites.
Esto es reflejo de que cuando una empresa formal enfrenta retrasos e incertidumbre para operar, exportar y crecer se está castigando a la legalidad y orillando a la ilegalidad”.
De la Torre también alertó sobre vínculos entre la piratería y prácticas de explotación laboral. “La piratería no solo afecta marcas y ventas, también puede esconder redes de explotación, de trabajadores, de esclavitud. Por eso atender este fenómeno no solo protege al comercio formal, protege al consumidor, al ciudadano, la legalidad, la dignidad del trabajo y el tejido social”.
Ante este panorama, la Concanaco plateo puntos de acción para proteger a las empresas, mipymes y negocios familiares que sí son formales.
- Reforzar el control aduanero y la trazabilidad de mercancía.
- Agilizar trámites pendientes de comercio exterior, especialmente en la secretaría de economía.
- Cumplir los compromisos de facilitación comercial establecidos a nivel internacional.
- Fortalecer las medidas en fronteras en coordinación con el IMPI y ANAM.
- Impulsar la protección de marcas y combate a la piratería física y digital.
- Impulsar la protección de marcas y el combate a la piratería física y digital.
- Colaboración con Meta en acciones de prevención de fraude y fortalecimiento de la seguridad digital rumbo al mundial.
Finalmente, subrayó que el combate a las operaciones ilícitas debe aplicarse con claridad y certeza jurídica, para no afectar a quienes cumplen con la ley.