Ante la reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), de elevar el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU, para brindar asistencia técnica a México para atender la crisis de desapariciones, decenas de colectivos, activistas y organizaciones de derechos humanos urgieron a la presienta Claudia Sheinbaum a reunirse con las familias de las víctimas “para conocer la tragedia” que viven.
En un comunicado dirigido a la Asamblea General de la ONU, al secretario general Antonio Guterres, al CED, al Estado mexicano y a la sociedad en general, los colectivos, organizaciones y activistas, llamaron a la presidenta a admitir que “132 mil 534 personas desaparecidas es una tragedia humanitaria” y que el diálogo “es la única opción para avanzar en los procesos”.
Los firmantes reconocieron a los integrantes del CED por su decisión de someter el caso mexicano a la consideración de la Asamblea General de la ONU y las directrices fijadas, como el apoyo técnico en “áreas e búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva e las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado”, así como establecer un mecanismo “eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
Los colectivos de familiares, organizaciones y activistas exigieron al Estado mexicano que “asuma su responsabilidad” y a la presidenta Sheinbaum reunirse con los familiares de víctimas, “aceptar las conclusiones del Comité y diseñar una verdadera Estrategia Nacional de Búsqueda”.
Tras hacer un recuento de las demandas de respuestas efectivas que han planteado ese 2010, cuando se dispararon las desapariciones, los familiares recordaron que negar la realidad sólo agudiza los problemas.
“La historia nos ha demostrado que, mientras el Estado mexicano continúe negando a las y los desparecidos, y continúe perpetuando la simulación a través de sus instituciones y reformas, nos estará condenado a todas y todos los mexicanos a que estos delitos de lesa humanidad se sigan repitiendo, y a las víctimas, nos seguirá condenando a continuar transitando en un camino de tortura”, puntualizaron.
Recordaron que cuando la tragedia empezó a registrarse en el norte del país y las familias pedían “políticas públicas y la atención al cese a las desapariciones en el país”, no hubo respuesta de ninguno de los tres órdenes de gobierno.
“En aquellos años decidimos tocar todas las puertas nacionales e internacionales posibles”, empezando con solicitar el apoyo de las fiscalías, la coordinación institucional e incluso tomaron la determinación de diseñar instituciones y leyes para atender la problemática.
“Nuestros seres queridos desaparecidos de las familias que acompañamos, son muestra de que en México sí existen las desapariciones forzadas, aunque el Estado mexicano lo siga negando. Nos preocupa que su respuesta no haya cambiado, la negación del crimen sigue siendo su política, pero ahora también niegan la ayuda internacional”, lamentaron los firmantes.
Tras recordar que su denuncia no es nueva, y que se ha presentado a “todos los gobiernos y de todos los partidos políticos”, resaltaron que “llegar a la Asamblea General es un logro de miles de familias, representa el clamor que llevamos gritando ante el mundo”, y celebraron los lineamientos fijados por el CED para atener la crisis humanitaria.
Firmaron el documento colectivos de Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Puebla, familiares de personas migrantes desaparecidas, y familiares de víctimas originarias de Guatemala y Honduras.
Entre las organizaciones que acompañan resaltan el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Consultora Solidaria, Defensores por la Justicia, Frontera Justicia AC (Casa del Migrante Saltillo, Fundación para la Justicia, Justicia Transicional, entre otros, así como decenas de activistas.