Las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI manifestaron su rechazo al dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al considerar que reduce los medios de defensa de la ciudadanía.
Al posicionar a nombre de la bancada del PRI, el legislador Emilio Suárez Licona señaló que esta es una reforma regresiva, que lejos de fortalecer la justicia administrativa, la restringe y la condiciona, en evidente perjuicio del estado democrático de derecho y, por ende, en estricta vulneración de los derechos de las y los mexicanos.
Subrayó que el problema no radica en una disposición aislada, sino en el diseño integral de la reforma, que, en lugar de consolidar al Tribunal de Justicia Administrativa como garante de equilibrio entre las partes, favorece estructuralmente la posición del Estado.
“Esta reforma redefine el modelo de justicia administrativa en nuestro país y tiene una dirección clara: reducir los márgenes de defensa del particular frente al Estado”, puntualizó.
Suárez Licona señaló que la propuesta es engañosa y desequilibrada, pues reduce plazos, amplía requisitos e incrementa cargas para los particulares, sin corregir la desigualdad estructural que implica litigar contra el aparato administrativo y fiscal.
Asimismo, advirtió que la reforma pretende expandirse sin prever recursos presupuestales, infraestructura tecnológica ni procesos de capacitación indispensables para garantizar su operación efectiva.
Dijo que la justicia administrativa no puede concebirse como un proceso sujeto a métricas de productividad, sino como una función pública que exige análisis riguroso, ponderación y certeza jurídica, especialmente ante las cargas de trabajo permanentes de los órganos jurisdiccionales.
Entre los elementos restrictivos adicionales, mencionó la ampliación de las causales para negar la suspensión del acto impugnado, el incremento de los supuestos de improcedencia de la recusación y la extensión de las hipótesis de revisión fiscal, lo que permitiría a la autoridad prolongar injustificadamente las controversias.
Finalmente, sostuvo que en cualquier sistema democrático la justicia administrativa cumple una función esencial: equilibrar la relación entre particulares y poder público. Cuando ese equilibrio se debilita, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.