La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se devolvió al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
En lo general, se avaló con 331 votos a favor, 120 en contra y cero abstenciones, y en lo particular por 328 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones, y con los cambios aceptados por el Pleno a los artículos 19 y 53.
El dictamen prevé que el juicio sumario se resuelva en un plazo máximo de seis meses previsto para los juicios administrativos en materia tributaria. Incrementa la cuantía de la procedencia del juicio en la vía sumaria para pasar de resoluciones cuyo importe no exceda de quince veces la Unidad de Medida y Actualización vigente elevada al año.
Detalla plazos máximos de actuación para las magistradas y magistrados instructores del juicio contencioso administrativo federal, así como plazos máximos para la presentación de promociones de las partes. Hace mención de las reglas y plazos para la práctica de las notificaciones que se realizan a las personas particulares y a las autoridades por medio del Boletín Jurisdiccional. Contempla un lenguaje incluyente.
Indica que salvo que alguna disposición de esta ley establezca un plazo diverso, el acuerdo o resolución que deba recaer a toda promoción presentada ante el Tribunal ya sea por escrito ante la Sala o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, deberá emitirse en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la fecha de su presentación.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), Moreno Rivera resaltó que la reforma fortalece el juicio sumario para que más asuntos puedan resolverse por una vía más rápida, sin sacrificar legalidad ni el debido proceso, lo cual permitirá desahogar cargas del Tribunal y, al mismo tiempo, dar respuesta más oportuna a las y los justiciables. “En otras palabras: menos trámites interminables y más soluciones prontas para la ciudadanía”.
El objetivo, dijo, es que el juicio en la vía sumaria se resuelve en un plazo máximo de seis meses, lo que significa que “una persona que enfrenta un acto de autoridad que considera injusto o ilegal, ya no tendrá que esperar años atrapada en la incertidumbre”.
Significa que cualquier ciudadana o ciudadano que imponga una multa, una resolución fiscal, una sanción administrativa o la negativa de un derecho, tendrá una respuesta en un tiempo razonable. Significa que la justicia deje de ser sinónimo de desgaste, de espera interminable y de costos innecesarios, subrayó.
Precisó que el dictamen a la minuta establece plazos claros para las actuaciones del Tribunal y para el desarrollo del juicio. Donde antes había vacíos ahora habrá tiempos definidos, donde antes había dilación ahora habrá orden, donde antes había incertidumbre ahora habrá certeza jurídica. “Eso es fundamental, porque una justicia sin tiempos claros termina siendo una justicia que no llega”.
Otro beneficio directo para la población es la modernización del sistema en línea, ya que no se puede seguir pensando que el acceso a la justicia depende de quien vive cerca de un tribunal. “Con esta reforma –recalcó– se fortalecen los medios electrónicos, las notificaciones más ágiles y la posibilidad de comparecer en línea, lo que reduce traslados, tiempo, costos y cargas administrativas”.
Consideró que tal situación beneficia a pequeños contribuyentes, emprendedores, personas de escasos recursos y ciudadanos que viven lejos de las sedes jurisdiccionales.
Además, hay un beneficio institucional que impacta directamente a la gente al fortalecer la calidad del procedimiento, ya que los expedientes se integrarán mejor, porque las etapas del juicio son más claras y a cada autoridad se le establece exactamente qué debe hacer y en qué plazo, y se reducen errores, se evitan maniobras dilatorias y se mejora la calidad de las resoluciones.
Hizo notar que la reforma no debilita derechos; al contrario, busca que el derecho de acceso a la justicia deje de ser un principio abstracto y se convierta en una realidad concreta. “Fortalecer el juicio contencioso administrativo no significa cerrar puertas, significa hacer que esas puertas funcionen mejor, con más claridad, con más rapidez y con mayor certidumbre para las personas”.
Puntualizó que hoy se tiene la oportunidad de dar un paso firme hacia una justicia administrativa más eficiente, transparente, moderna y, sobre todo, más humana, una justicia que le sirve a la ciudadanía, que reduce tiempos, que dé certidumbre a las familias, a las y los contribuyentes, a los emprendedores, a quienes generan empleo y a aquella toda persona que exige legalidad frente a la autoridad.
“Se está ante una reforma necesaria, útil y profundamente justa; una reforma que hace valer en los hechos el mandato del artículo 17 constitucional: que la justicia sea pronta, completa, imparcial y verdaderamente accesible para todas y todos. Esta reforma forma parte de esa obligación constitucional”.