El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) previó que la Sección Instructora, la cual preside, sea convocada después de la votación en el Pleno del “Plan B”, para avanzar en el análisis de la solicitud de declaración de procedencia en contra del senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, aseveró que “estamos esperando que pase el tema de la reforma electoral para poder convocar a la Sección Instructora, y no se vaya a confundir un asunto que es absolutamente jurídico, potencialmente judicial, con un tema de carácter político, por las votaciones que se vendrán ahora en el denominado ‘Plan B’”.
Indicó que no existe aplazamiento voluntario en dicho proceso, ya que depende de la integración de pruebas y documentación enviada por la Fiscalía de Campeche, la cual remitió información recientemente que será revisada.
“No es un tema de aplazamientos, es un tema de documentación, de información, de elementos, y no depende de nosotros. Esa es la verdad. Desafortunadamente, como todos estos temas involucran a personajes públicos importantes, parece que hay alguna consideración de carácter política. Entonces, este es un tema (…) de fortalecimiento de una solicitud que inició la Fiscalía de Campeche”, detalló.
“La responsabilidad de nosotros solo es darnos cuenta si esta documentación puede tener algún soporte, en virtud de lo que se nos presenta. Nunca en las investigaciones judiciales todo está dicho. Siempre salen elementos”.
“Estamos esperando que pase el tema de la reforma electoral, ahora el denominado ‘Plan B’, para poder convocar a la Sección Instructora, y no se vaya a confundir un asunto que es absolutamente jurídico, potencialmente judicial, con un tema de carácter político por las votaciones que se vendrán ahora en el denominado ‘Plan B’”, precisó.
Flores Cervantes comentó que el dictamen de este caso ya está elaborado; sin embargo, dijo que su análisis formal se realizará una vez que sesione la Sección Instructora.
“En la Sección Instructora solo hay ese caso. Hay muchos de juicio político. No ha sesionado y no ha pasado tampoco la reforma que hemos propuesto para que sea la Comisión Jurisdiccional quien pueda tener una Subcomisión de Examen Previo.
“La Subcomisión de Examen Previo está integrada por diputadas y diputados de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación, y no ha sesionado. Una vez que la subcomisión dicta autos de erradicación, ya puede entrar la Sección Instructora y/o la Comisión Jurisdiccional”, expuso.
El diputado indicó que la nueva solicitud presentada por la Fiscalía de Campeche contra Moreno Cárdenas deriva de distintas carpetas de investigación respecto a una anterior cuando fue diputado, la cual ya concluyó.
Anotó que los actuales señalamientos se centran en su periodo como gobernador de Campeche, por presuntos delitos como peculado, administración de justicia y uso indebido de funciones.
“La solicitud que presentó la fiscalía, la primera, cuando el senador era diputado, ya quedó sin materia. Entonces, se presenta una nueva solicitud con carpetas de investigación distintas a la primera. Este primer caso está completamente cerrado. Esta, digamos, nueva solicitud, responde a nuevas carpetas de investigación”, expresó.
Por otro lado, Flores Cervantes informó que se prevé que el próximo miércoles se realice la votación en comisión del dictamen para eliminar las denominadas “pensiones doradas” en sus términos.
En ese contexto, señaló que la semana antepasada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo público un listado sobre el tema de recursos públicos en los congresos estatales, donde en algunos estados, en particular el de Morelos, se registró como uno de los más caros del país, ya que la mitad de su presupuesto se destina a dichas pensiones.
Expuso que, por un defecto de ley, es el Poder Legislativo quien paga “pensiones doradas” en el estado de Morelos, y señaló que los responsables son los últimos dos exgobernadores de dicha entidad.
Flores Cervantes recordó que existe un mandato constitucional que establece que ninguna persona servidora pública puede percibir ingresos superiores a los de la persona titular del Ejecutivo Federal, disposición que aún no se cumple plenamente en distintos ámbitos.
“Recordemos que hoy también hay un mandato constitucional que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal, y esto no está pasando en muchos lugares”, finalizó.