En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa para prohibir la contratación por honorarios del personal que labora en el Poder Legislativo de la capital del país, en medio de una ola de reformas laborales para el sector privado en México, la agenda comienza a integrar propuestas para los empleados en el servicio público.
La iniciativa propone reformar el Reglamento del Congreso capitalino para prohibir la contratación de asesores y personal de confianza bajo el régimen de honorarios, de acuerdo con el documento.
En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa para prohibir la contratación por honorarios del personal que labora en el Poder Legislativo de la capital del país, en medio de una ola de reformas laborales para el sector privado en México, la agenda comienza integrar propuestas para los empleados en el servicio público.
La iniciativa propone reformar el Reglamento del Congreso capitalino para prohibir la contratación de asesores y personal de confianza bajo el régimen de honorarios, de acuerdo con el documento.
Esto implica que los trabajadores contratados bajo esta modalidad no cuenten con prestaciones de ley como seguridad social, aguinaldo y prima vacacional, entre otras. Con esta iniciativa, se plantea que los asesores y personal de confianza contratado por los legisladores cuenten con prestaciones desde el momento en que son incorporados.
“Quedando prohibida su contratación en la modalidad de prestación de servicios profesionales por honorarios con el objeto de garantizar su estabilidad laboral y el otorgamiento de las prestaciones establecidas por legislación aplicable”, indica el cambio propuesto al artículo 21 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Y agrega: «Formular las condiciones generales de trabajo de las y los servidores públicos; así como la de los trabajadores del Congreso; garantizando la estabilidad laboral y el otorgamiento de las prestaciones establecidas por la legislación aplicable en la contratación de éstos».
Los trabajadores por honorarios en el Legislativo de CDMX firman contratos temporales de entre tres y seis meses, lo que impide contar con estabilidad y acceso a derechos laborales como las prestaciones de ley, de acuerdo con el documento.
“Dichas contrataciones se hacen bajo el esquema o modalidad de honorarios, con renovación periódica de dicho contrato (3 ó 6 meses), lo que evidentemente genera inestabilidad e imposibilidad de ser acreedor a prestaciones laborales que, más allá de desincentivar la productividad, propicia un ánimo de incertidumbre y una vulneración a los derechos de las y los trabajadores que forman parte fundamental de la labor legislativa del Congreso”, explica la iniciativa en su exposición de motivos.
De acuerdo con la iniciativa, en el país hay antecedentes de la contratación de equipos de trabajo con acceso a prestaciones; como los casos del Congreso del Estado de México y la Cámara de Diputados federal cuentan con figuras para contratar asesores con prestaciones.
La estabilidad económica y salarial es el aspecto más valorado por los trabajadores para considerar que se logró el bienestar laboral: 55% de empleos del sector privado encuestados por OCC consideró esta iniciativa como la más importante.
Mientras que para las áreas de Recursos Humanos es la tercera que consideran más relevante para alcanzar el bienestar en el trabajo, con 39% de las respuestas de los reclutadores encuestados. La primera, para RH, es el desarrollo profesional y las oportunidades de crecimiento.
Con la prohibición de la contratación por honorarios de los asesores y personal de confianza del Congreso de CDMX se busca alcanzar esta estabilidad, en participar porque este personal cumple con las características de un trabajador subordinado: tienen horario fijo, realizan sus tareas en las instalaciones legislativas, reciben indicaciones de sus jefes.
En el Congreso de CDMX hay 66 legisladores que pueden solicitar la contratación de asesores especializados y personal de confianza de acuerdo a sus necesidades y las reglas internas de cada partido y grupo parlamentario.
Entre las tareas que realiza un asesor parlamentario están la investigación y redacción de iniciativas de ley, organización de foros y eventos legislativos, gestión de peticiones ciudadanas ante el Congreso local, entre otras.
Los salarios de los asesores dependen del nivel que les sea asignado en el tabulador del Congreso local, y van desde los 3,797.40 pesos brutos al mes para el rango HD1 y hasta los 105,360.30 pesos mensuales para el nivel HD23, el más alto, según datos del tabulador local.
La iniciativa fue presentado por el diputado Jesús Sesma, presidente de la mesa directiva del Congreso capitalino y diputado del Partido Verde.
“Mientras que en este recinto se habla de derechos humanos, justicia social e igualdad, hay trabajadores en condiciones precarias, sin acceso a prestaciones ni estabilidad, contratos que se reanudan cada 3 y 6 meses, una incertidumbre que impide planear un futuro y limita el acceso a derechos básicos como vacaciones, aguinaldo y seguridad social”, dijo Sesma al presentar la iniciativa.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) se sumó junto con la diputada y coordinadora de Morena en el Congreso local, Xochitl Bravo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, presidida por Hugo Lobo, de Morena.
Esta no es la primera vez que se intenta prohibir la contratación de asesores por honorarios. Ya en 2020, Alessandra Rojo de la Vega, entonces diputada local por el Partido Verde y ahora alcaldesa de Cuauhtémoc, propuso una iniciativa similar; sin embargo, no prosperó.