La omisión del gobierno mexicano para buscar desaparecidos ha obligado a miles de mujeres ―madres, hermanas, esposas, primas, novias y amigas— a buscar a sus seres queridos por su cuenta, lo que las ha colocado en una delicada situación de riesgo que todos los días suma consecuencias.
De acuerdo con el investigador de El Colegio de México, Carlos López Buburrón, entre 2010 y 2025 fueron asesinadas al menos 33 personas buscadoras de desaparecidos, de las cuales 20 eran mujeres.
Lo preocupante es que 21 de los 33 casos se registraron a partir de 2021. La mayor incidencia ocurre en Jalisco y Guanajuato, dos de las entidades donde la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada ha sido más intensa en los últimos años.
A esa cifra se suma el asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, sucedido en Mazatlán, Sinaloa, el 27 de febrero pasado.
Eso pasó el mismo día en que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, estaban en esa entidad.
Gómez Tagle buscaba a su hijo Édgar Daniel López Gómez, desaparecido el 25 de mayo de 2025 y ofrecía acompañamiento a otras mujeres y familias en la misma situación.
Según la organización civil Artículo 19, en lo que va del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se han documentado 14 agresiones contra madres buscadoras, de las cuales seis han sido desapariciones y ocho asesinatos.
A la mala, las mujeres buscadoras han tenido que aprender que en México buscar a un desaparecido implica hacer visible algo que la delincuencia quiere mantener oculto y eso las pone en peligro.
A pesar de ello, cuando se les pregunta: ¿Por qué sigues buscando, con todo el riesgo que eso implica?”, responden de inmediato: “Porque nadie más lo va a hacer”. La evidencia parece darles la razón.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, refiere que en el país hay más de 130,000 personas desaparecidas y más de 90% de quienes las buscan son mujeres.
Subraya que lo delicado es que, dado que el Estado mexicano no cumple con su deber de buscar, coloca a las mujeres que sí lo hacen en una situación de alto riesgo.
“Ellas no se ponen en riesgo, quien las coloca en esa situación es el Estado mexicano al exponerlas a búsquedas sin protección y sin acompañamiento”, remarca.
Por ello, añade, el Estado es el culpable de cada uno de los asesinatos, desapariciones, ataques y amenazas que reciben.
Para la organización civil, Artículo 19, en México hay un patrón de violencia contra las personas buscadoras, quienes enfrentan amenazas, desapariciones, asesinatos y demás agresiones físicas en un contexto de impunidad estructural.
En 2025, Amnistía Internacional (AI) presentó el documento “Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, en el que expone que el país padece una crisis de desapariciones y las mujeres han liderado y protagonizado mayoritariamente la búsqueda de sus seres queridos, así como la exigencia por la verdad, justicia y la reparación.
Las respuestas de más de 600 mujeres buscadoras a un cuestionario diseñado por AI exponen que en México hay al menos 234 colectivas de familiares de personas desaparecidas, integradas en más de 90% por mujeres. De ellas, 65% son madres, 21% hermanas, 13% parejas, 6% hijas y 5% amigas. Buscan principalmente a hombres (84%).
El gran problema es que en México buscar a una persona desaparecida es una actividad de alto riesgo: 97% de las buscadoras que contestaron el cuestionario señalaron haber enfrentado algún tipo de violencia.
Además del riesgo de muerte, se enfrentan a ambientes hostiles y de discriminación por su género, por atreverse a alzar la voz y ser, en los hechos, defensoras de derechos humanos.
Amnistía Internacional documentó casos de mujeres que se vieron obligadas a desplazarse de sus colonias, barrios o pueblos debido a amenazas y las implicaciones que eso tiene, tanto en su vida como en sus labores de búsqueda.
También, recopiló testimonios relativos a la estigmatización y revictimización por parte de autoridades o, incluso, de sus propias familias y comunidades.
El análisis indica que, viven en un estado de conmoción persistente, en el que la angustia y el dolor causado continúa indefinidamente y acusan daños físicos.
Revela que 70% ha experimentado deterioro en su salud. Enfrentan la aparición de enfermedades como colitis, gastritis, diabetes, problemas de presión, afectaciones a la tiroides, incluido el hipertiroidismo, problemas cardiacos, o en los dientes, como el bruxismo, problemas de huesos y parálisis facial.
Además de eso, hay mujeres que buscan a sus seres queridos a pesar de padecer cáncer o enfermedades degenerativas.
Incluso, una mujer buscadora mencionó haber tenido desprendimiento de retina ocasionado por el llanto constante.
Por otra parte, muchas de ellas están afectadas de su salud mental. 73% reportan depresión; 72% insomnio; 73% estrés; 68% problemas de nervios y ansiedad, tristeza y apatía; 72% sentimientos de culpa, pensamientos suicidas e intentos de suicidio.
El estudio documenta también el poco apoyo del gobierno. Solo 26% dijeron haber recibido algún tipo de acompañamiento, ya sea jurídico o psicoemocional; 25% atención médica o psicológica; 12% algún tipo de apoyo económico y 10% medidas de protección.
Sólo 7% dijo estar inscrita a algún mecanismo de protección federal y 4% a uno local.
Además, las madres buscadoras suelen vivir un empobrecimiento importante. 66% mencionó haber sufrido pérdida de recursos económicos debido a diversos factores, entre los que destacan la desaparición de la principal o única persona proveedora económica del hogar o familia y la pérdida de un empleo o negocio tras la desaparición.
Varias de ellas han quedado a cargo de las labores de cuidado de manera exclusiva, lo que les dificulta conseguir fuentes de ingreso. Muchas asumen tres roles al mismo tiempo: proveedoras, cuidadoras y buscadoras.
Ante esa situación Amnistía Internacional recomienda reconocer, desde el más alto nivel, la grave crisis de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares en el país, así como abrir el diálogo con familias, sociedad civil y organismos internacionales para hacer frente a esta situación.
Edith Olivares Ferreto dice que el llamado de Amnistía internacional va en dos sentidos: por un lado, que el Estado Mexicano reconozca que tienen derecho a buscar por cuenta propia y por otro, que acepte que el derecho internacional reconoce que los Estados tienen la obligación de buscar a las personas desaparecidas y el deber de hacer partícipes a las familias en la búsqueda.
Eso lleva aparejado otro, que es el de brindarles protección. “Ellas están dando un servicio de búsqueda efectiva a la sociedad mexicana. Por ello, lo mínimo que debe hacer el Estado, es darles protección y proveerles servicios de salud y apoyos económicos”, agrega.
Llama a los ciudadanos a firmar una petición al Estado Mexicano de que proteja a las madres buscadoras, la cual se encuentra en la página de internet de AI https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/peticion-mujeres-buscadoras/
Hasta el jueves pasado 28,898 personas habían firmado.
La activista recalca que en los últimos años las autoridades mexicanas no solo han sido omisas en la protección de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, sino que hay una fuerte resistencia a reconocer la problemática de desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, que es la que se realiza por actores del Estado.
En ese aspecto, enfatiza que, contrario a lo que señalan autoridades federales, incluida la presidenta, Claudia Sheinbaum, en México sí existe la desaparición forzada y se da cuando hay desaparición directa por parte de agentes del Estado o cuando hay agentes privados que desaparecen a personas con la colaboración, el apoyo o aquiescencia del Estado. Pasan las dos cosas.
Desde su perspectiva, solo eso es lo que puede explicar que hoy por hoy sigan desapareciendo cada día un promedio de 40 personas.
“Lo grave es que mientras las autoridades no lo reconozcan no lo van a comenzar a combatir”.
Hasta el miércoles 4 de marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas estaba integrado por 131,844 casos.
Son presencias de ausencias que dicen cosas.