Con la reforma, Gaona propone que cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares, la acción para su investigación y sanción sea imprescriptible; es decir, que no pierda vigencia con el paso del tiempo.
Y es que, actualmente, la Ley fija un plazo de siete años para faltas administrativas graves o faltas de particulares, tiempo que puede ser insuficiente frente a la complejidad de las investigaciones, la sofisticación de los esquemas de corrupción y, en no pocos casos, la obstrucción institucional que retrasa intencionalmente los procedimientos.
“A pesar de los avances normativos derivados de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, subsisten vacíos legales que permiten que conductas graves queden impunes debido al transcurso del tiempo, aún cuando existan elementos suficientes para acreditar la responsabilidad administrativa”, señaló el legislador de Nuevo León.
Asimismo, con base al INEGI, Gaona indicó que los costos de incurrir a estos actos de corrupción superen los 11 mil 910 millones de pesos en México.
Es por eso que se promueve la imprescriptibilidad para este tipo de delitos, ya que responde al interés superior de proteger el patrimonio público, garantizar la rendición de cuentas y evitar que el paso del tiempo se convierta en un mecanismo de impunidad.
“La presente iniciativa propone establecer la imprescriptibilidad de las faltas administrativas graves y de las faltas de particulares cuando estas hayan sido debidamente comprobadas por los Órganos Internos de Control”, dijo Gaona.
“Esta medida no vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que se circunscribe exclusivamente a conductas de la mayor gravedad dentro del régimen administrativo sancionador y exige la acreditación plena de los hechos mediante los procedimientos legalmente establecidos”.