Los diputados federales del PAN, Federico Döring Casar y Diego Ángel Rodríguez Barroso, presentaron ante la Fiscalía General de la República una nueva denuncia formal de hechos derivada de las revelaciones contenidas en el libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Los legisladores sostuvieron que los señalamientos descritos en la obra constituyen noticia criminal y ameritan una investigación exhaustiva, objetiva e independiente.
La acción jurídica ocurre luego de que el gobierno federal señalara públicamente que no iniciaría investigaciones de oficio al considerar que “la narrativa no es suficiente” sin denuncias formales. Con la presentación de esta denuncia, los diputados subrayaron que ahora existen elementos procesales que obligan al Ministerio Público a actuar conforme a derecho y sin dilaciones.
La denuncia incorpora hechos que podrían configurar delitos como asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como posibles ilícitos electorales vinculados con financiamiento ilegal de campañas.
También se incluyen presuntas irregularidades en compras públicas durante la pandemia, presiones indebidas al Poder Judicial, uso político de programas sociales y posibles vínculos con redes de huachicol y financiamiento ilícito.
Entre las personas cuya comparecencia se solicita se encuentran María Elena Álvarez-Buylla, Alejandro Gertz Manero, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Hugo López-Gatell, Irma Eréndira Sandoval, Jesús Ramírez Cuevas, Clara Brugada Molina, Mario Delgado Carrillo, Adán Augusto López Hernández y Rocío Nahle García, a fin de esclarecer posibles responsabilidades individuales y la existencia de redes de protección institucional derivadas de los hechos denunciados.
Rodríguez Barroso explicó que la denuncia no responde a una consigna política, sino a la obligación constitucional de actuar frente a hechos públicos que podrían constituir delito.
“No es un discurso ni una consigna. Es una acción legal sustentada en hechos que deben investigarse. Morena llegó al poder prometiendo que no habría impunidad; hoy esa promesa se pone a prueba”, señaló.
Por su parte, Federico Döring sostuvo que la postura del Ejecutivo de no investigar sin denuncia formal ha quedado superada.
“Si el argumento era que la narrativa no era suficiente, hoy existe una denuncia formal ante la Fiscalía. Corresponde ahora a la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, actuar con autonomía real y sin consideraciones políticas.
En México no puede haber intocables. La ley debe aplicarse sin excepción, incluso cuando los señalamientos alcanzan a las más altas esferas del poder”, concluyó