El diputado federal Luis Gerardo Sánchez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el propósito de establecer plazos máximos de resolución administrativa y hacer exigible la afirmativa ficta en trámites clasificados como de bajo riesgo.
La propuesta busca simplificar procesos, reducir costos burocráticos y mejorar la atención de trámites y servicios a cargo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Actualmente, la legislación reconoce la figura de la afirmativa y negativa ficta, así como la obligación de informar los plazos de resolución; sin embargo, no contempla plazos máximos homogéneos ni consecuencias jurídicas automáticas frente a la inactividad de la autoridad.
De acuerdo con el legislador, esta ausencia normativa genera incertidumbre jurídica, incentiva retrasos injustificados y debilita los principios de simplificación y certeza que la propia ley establece.
“La iniciativa no introduce nuevas figuras ni altera el diseño institucional; hace operativa una herramienta ya reconocida por la ley, dotándola de plazos claros y efectos jurídicos exigibles”, agregó.
El congresista del PRI destacó que la reforma mantiene intactas las facultades de verificación, inspección y revisión posterior de las autoridades, por lo que no elimina controles ni genera riesgos regulatorios. Se trata de una micro-reforma normativa de intervención mínima y alto impacto, orientada a fortalecer la certeza jurídica, reducir tiempos de espera y consolidar una administración pública más eficiente, sin implicaciones presupuestales adicionales.
Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran establecer un plazo máximo de resolución para trámites clasificados como de bajo riesgo; hacer exigible la afirmativa ficta ya prevista en la ley; reducir la discrecionalidad derivada de la inactividad administrativa; y fortalecer la certeza jurídica y la eficiencia en la atención de trámites y servicios.
Con esta propuesta, el diputado Luis Gerardo Sánchez refrenda su compromiso con una administración pública moderna, eficiente y centrada en las personas, que reduzca cargas innecesarias sin debilitar la función regulatoria del Estado.
