El secuestro, asesinato e inhumación clandestina de trabajadores de la compañía minera canadiense Vizsla Silver Corp, ocurrido hace unos días en Concordia, Sinaloa, evidenció la situación de inseguridad que padecen empresas mineras y sus trabajadores en México, materializadas en extorsiones y otros delitos, que impactan en sus costos de producción y en la percepción de México como país destino para la inversión.
El cobro de piso a compañías mineras en México no es algo nuevo. Los académicos que tienen como línea de investigación la delincuencia organizada lo describen como una de las actividades a las que recurren desde hace varios años organizaciones criminales para diversificar sus fuentes de ingresos.
Esa situación ya había cobrado relevancia mediatica en el país. A inicios de 2014, cuando el entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, declaró que al llegar a aquella entidad del occidente del país —escenario de enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y las autodenominadas defensas comunitarias—, la extorsión a empresas mineras dedicadas a la extracción de hierro era una de las principales fuentes de ingresos del Cártel de Los Caballeros Templarios.
Algunas versiones periodísticas de aquellos días refieren que esa organización criminal imponía un “impuesto” de 15 dólares por cada tonelada métrica de hierro que la empresa colocaba en el puerto de Lázaro Cárdenas para su exportación. Con ello obtendría alrededor de siete millones de dólares anuales.
A más de 10 años de distancia de ese episodio, y de acuerdo con la Cámara Minera de México, (Camimex), las empresas del sector, al operar en zonas alejadas de los centros urbanos, son un blanco susceptible de delitos de diversa índole, desde el robo en instalaciones, hasta el asalto en el transporte de material, pasando por otra amplia gama de ilícitos que afectan a la propiedad y a las personas.
En su informe anual 2025, aunque no menciona expresamente extorsiones, esa cámara estima que los delitos que impactan al sector representan hasta 5% de los costos totales y hasta 7% en mermas, afectando además las condiciones de inversión y, por tanto, la competitividad de la industria.
Eso obliga a las compañías a desviar recursos para seguridad privada, rubro en el que en 2024 destinaron 105.7 millones de dólares y prevén que cuando cierren las cuentas de 2025 hayan desembolsado por ese concepto 108.7 millones de dólares.
La organización empresarial destaca que las condiciones de seguridad son una de las variables que evalúa la encuesta anual del Instituto Fraser, que es un centro de investigación canadiense consultado por empresas del sector e inversionistas.
Según ese organismo, en el caso de México, la seguridad es la variable en la que aparece peor evaluado. En su reporte de 2023, ubicó al país en el lugar 74 de 86.
Según el análisis, eso representa un descenso drástico desde el puesto 37 de 62 que ocupó en 2022, con una pérdida de 23 puntos.