Por Víctor Barrera
En México aún no se establecen las verdaderas prioridades, porque cada sexenio se construyen conforme a quienes están al mando y esta vez no es la excepción, a pesar de que Claudia Sheinbaum manifiesta que se consolidará la 4T y que permitirá al país entrar, entonces si, al cambio que se prometió.
Pero esos objetivos chocan con la realidad cotidiana. Mientras que México muestra crecimientos menores al punto porcentual y la inversión privada cada vez disminuye. El gobierno federal mantiene la idea de la necesidad de una reforma electoral encaminada a establecer las condiciones para que la autollamada 4T pueda perdurar por varias décadas al frente del poder Ejecutivo y que este a su vez pueda tener el dominio sobre los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Algo que de entrada inhibe la inversión privada en el país lo que impide alcanzar crecimientos económicos adecuados, para el mejoramiento y bienestar de la calidad de vida de los pobladores de México.
Es cierto que se han presentado Planes para fortalecer y desarrollar el crecimiento económico, recientemente el que podría impulsar la inversión público-privada en infraestructura; Pero lamentablemente existen obstáculos que impiden la certidumbre para invertir en México.
Como se sabe al interior del sector privado existen factores que atemorizan la inversión y esto es precisamente la presión del gobierno federal de aplicar auditorías a las empresas, las cuales se incrementaron en 2025 y por el otro lado los cambios constantes en las reglas de gobernabilidad como la reforma electoral.
En el tema de las auditorias muchas de estas realizadas en 2025 se encuentran en litigio y están próximamente a resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los resultados serán el factor determinante para que se pueda captar más o menor inversión privada.
Por otor lado, esta fiebre reformadora que han realizado desde hace siete años los legisladores del oficialismo y que van cambiando las reglas al interior del país. Con el afán de ir adecuado nuestra Constitución para el beneficio de Morena.
Estos cambios han hecho que la estabilidad legal y reglamentaria existente, y que durante años fue la materia prima para que los inversionistas arriesgaran su capital, no sea suficiente para planificar costos e ingresos en el mediano o largo plazo.
Si a esto le sumamos una reforma electoral encaminada a establecer un modelo de partido único y todo poderoso sin contrapesos que puedan mediar ante un litigio las probabilidades de mayor inversión privada disminuyen aún más.
Sin embargo, el sector privado mantiene sus planes y estrategias para desarrollar micro, pequeñas y medianas empresas que conformen las cadenas productivas a favor del crecimiento y desarrollo de empresas que puedan generar los empleos que cada año son necesarios en el país.
Ojalá y el sector político, específicamente el oficialista, logre establecer prioridades que permitan el mejoramiento y calidad de vida de todos los que vivimos en México y no los intereses particulares de los partidos políticos y sus integrantes.