“Construir un relato políticamente conveniente que minimiza la seriedad del problema” de inseguridad y transformar “en propaganda la información más sensible para los mexicanos” es el trasfondo de las cifras alegres de la llamada disminución de delitos de alto impacto pregonadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, considera la organización Causa en Común.
En su más reciente informe “La (supuesta) incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales”, la organización alerta sobre contradicciones entre el discurso oficial y las bases de datos institucionales.
Frente a una realidad lacerante, reflejada en que el 76% de los ciudadanos consideran que viven en una entidad insegura, según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2025), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde el púlpito presidencial se presentan “comparativos engañosos” para ocultar la crisis de inseguridad, estrategia que es advertida por Causa en Común en la revisión de bases de datos oficiales.
El documento alerta que, a la percepción de inseguridad ciudadana, que en localidades como Uruapan o Culiacán es de 89 % y 88%, respectivamente, se suma la cifra negra, considerada como el porcentaje de delitos no denunciados o que no fueron motivo de la apertura de carpetas de investigación, estimado en 93% en la misma Envipe 2025.
De la revisión minuciosa de bases de datos arrojados al cierre de 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del INEGI y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNO), Causa en Común alerta que “estos registros muestran comportamientos que no pueden entenderse como variaciones reales de la violencia criminal, sino como francas anomalías; entre ellas la eliminación de cientos de registros sobre desaparecidos, o las disminuciones abruptas en registros sobre delitos de alto impacto y repuntes de categorías paralelas, que sugieren la probable reclasificación y dilución de registros políticamente sensibles”.
El informe detecta “comparativos engañosos” como estrategia gubernamental para “pregonar decrementos” de homicidios dolosos tomando como base los registros del SESNSP, que se basa en información de fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República.
Así ocurrió en la conferencia matutina el 8 de enero pasado, en la que se habló de una reducción de 40% de los homicidios dolosos a nivel nacional, en casos registrados entre septiembre de 2024 a diciembre de 2025.
Según el análisis, “la magnitud de las reducciones resulta de comparar periodos de tiempo no equivalentes”, pues si compara, como es la regla estadística, entre los mismos periodos, en este caso, entre enero a diciembre de 2025 y enero a diciembre de 2024, la disminución de los homicidios dolosos sería de 22%, es decir, 23 mil 374 víctimas de homicidio doloso frente a 30 mil 062 víctimas, según datos del SESNSP.
En dicha conferencia de prensa, con comparativos entre diciembre de 2025 contra septiembre de 2024, se presentaron disminuciones de homicidios dolosos fuera de lo común en entidades como Tabasco (-77%), Nuevo León (-72%), Guerrero (-65%), Guanajuato (-62%), Estado de México (-54%), Sinaloa (-43%) y Baja California (-42%).
Sin embargo, cuando se comparan resultados equivalentes, esto sería de enero a diciembre de 2025 contra enero a diciembre de 2024, las reducciones de homicidios dolosos no son en tales magnitudes, e incluso en Sinaloa la tendencia cambia, pues de disminución pasa a un incremento de 67% en los asesinatos, proporción que estaría más apegada a la situación de “guerra” que se vive en la entidad entre dos facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.
Del análisis de la base de datos del SESNSP, el informe identifica “dos categorías cuyo comportamiento ha sido anómalo a lo largo de los últimos años: homicidio culposo (accidentes) y ‘otros delitos contra la vida y la integridad’”, considerándose en la última categoría la clasificación de “entre otros”.
Se alerta que “no sólo no es posible distinguir a qué delito corresponde cada víctima, dado que se mezclan sin distinción en esta categoría, sino que tampoco se especifican cuáles son los ‘otros delitos’. En consecuencia, la ambigüedad de la categoría se presta evidentemente para toda suerte de errores, malentendidos y/o abusos”.
La investigación compara las cifras de 2025 del SESNSP de homicidios dolosos, homicidios culposos y esta categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad”, resaltando estados que registran más casos en estas dos últimas clasificaciones.
Así, hay 16 entidades que registraron más víctimas de homicidios culposos que de dolosos, como Quintana Roo, donde el año pasado hubo mil 098 homicidios culposos, mientras que sólo 291 homicidios dolosos; en Chiapas hubo 856 homicidios culposos contra 370 homicidios dolosos y en Coahuila, 262 contra 76.
En su investigación la organización detectó que en cuatro entidades que “reportan supuestos descensos en los homicidios dolosos también registran incrementos destacables en los homicidios culposos”, como ocurre en el caso de Morelos, donde el año pasado se registraron mil 119 homicidios dolosos y mil 367 culposos, datos que comparados con 2024 significan una reducción, en la primera clasificación de 26%, pero un incremento de 25% en la segunda.
En su análisis, la organización encontró que “diez entidades reportan más víctimas de ‘otros delitos contra la vida y la integridad’ que de homicidio doloso”, destacando en la Ciudad de México, con mil 224 víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad” frente a 849 de homicidio doloso; Baja California, con 2 mil 736, mientras en la categoría más ambigua se reportan mil 714; y Querétaro, con 691 contra 155.
El documento revela que al comparar los datos de 2025 con los de 2014, “las variaciones porcentuales de la categoría de ‘otros delitos contra la vida y la integridad’, nueve entidades reportan incrementos destacables, al tiempo que reportan supuestos descensos en los homicidios dolosos”, como ocurre con entidades como Aguascalientes, Chihuahua y Tabasco, “con incrementos en el número de víctimas de ‘otros delitos contra la vida y la integridad’ superiores al 80%”.
Agrega que en Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, donde el SESNSP reporta reducciones en homicidios dolosos de más de 10%, “tanto las víctimas de homicidio culposo como las de ‘otros delitos contra la vida y la integridad’, son superiores a las de homicidio doloso”.
El informe hace una mención particular del caso de Hidalgo, donde los registros arrojan que “las víctimas de ‘otros delitos contra la vida y la integridad’ aumentaron 284%, pasando de 162 a 622 en el lapso de un año”.
El informe identifica que en el discurso oficial se recurre a “mezclar las cifras del INEGI con las del SESNSP”: considerando que las de la primera institución se basan en las actas de defunción del Registro Civil, el número de víctimas de homicidio doloso “suele ser mayor a las reportadas por el SESNSP, y al comparar ambos registros el gobierno federal aparenta reducciones”.
Y es que la diferencia entre ambas bases de datos es notoria. Tomando como base el último registro del INEGI, en 2024 se cerró con 33 mil 550 homicidios dolosos, mientras que para ese mismo año el SESNSP registró 30 mil 050 víctimas, una diferencia de 3 mil 488 muertes.
Cabe destacar que en el periodo 2018 a 2024, mientras el INEGI registró 244 mil 908 homicidios dolosos y el SESNSP contabilizó 227 mil 170, se registra una diferencia de 17 mil 738 personas asesinadas.
El informe resalta que el Inegi tiene una categoría de muertes por “operaciones legales y de guerra”, que al ser contrastada con los informes anuales sobre las agresiones de personal militar y de agresores fallecidos, publicadas desde 2006, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se evidencia que la primera institución “no contiene el universo completo de fallecimientos derivados de enfrentamientos con fuerzas del Estado”, lo que genera “dudas sobre la validez del uso de la categoría ‘operaciones legales y de guerra’ por parte de las autoridades periciales del país”.
Ello evidencia que el INEGI “no contiene el universo completo de fallecimientos derivados de enfrentamientos con fuerzas del Estado”, lo que genera “dudas sobre la validez del uso de la categoría ‘operaciones legales y de guerra’ por parte de las autoridades periciales del país”.
Así, mientras entre 2018 a 2024 el INEGI contabilizó 413 muertes derivadas de “operaciones legales y de guerra”, la Sedena consideró en el mismo periodo a mil 422 “civiles fallecidos en agresiones a personal militar”, es decir 3.4 veces más.
El documento resalta que los reportes del SESNSP sobre feminicidio es otro punto de debate, sobre todo si se considera que la tipificación no está homologada a nivel nacional, de ahí que las cifras dependen de cómo clasifican las fiscalías estatales las muertes de mujeres.
De acuerdo con los registros del SESNSP, de 2018 a 2025 por feminicidio se reportaron a 7 mil 295 víctimas clasificadas con ese delito, siendo en el último año cuando menores casos se reportaron, 721, equivalente a dos feminicidios al día.
En 2025, los estados con mayor número de feminicidios fueron Sinaloa, con 69 víctimas; Estado de México, con 56; Chihuahua, 49; Ciudad de México, 44, y Veracruz, con 43 víctimas.
“En los hechos, los feminicidios no sólo no reciben una atención ministerial especial, sino que la separación estadística ha derivado también en subregistros, reclasificaciones discrecionales y, de nueva cuenta, en propaganda en torno a la supuesta reducción en la violencia letal contra las mujeres”, señala el informe.
Al destacar que “muchos feminicidios se mantienen ocultos en la categoría más amplia de mujeres víctimas de homicidio doloso”, se agrega que en 2025 se registraron 2 mil 795 mujeres asesinadas en el país, de las cuales 721 fueron clasificadas como feminicidios, sólo el 26%.
Cabe destacar que en el periodo de 2018 a 2025, el SESNSP contabilizó a 21 mil 203 mujeres víctimas de homicidios dolosos que, sumados a los 7 mil 295 casos de feminicidios, alcanzarían a 28 mil 498 mujeres asesinadas en ese periodo.
Otra base de datos que ha generado sospechas sobre que en ella estarían “escondidos” casos de personas asesinadas, es la del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), controlado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que se alimenta de información de fiscalías, de comisiones locales de búsqueda y, hasta principios del año pasado, de denuncias anónimas.
El informe resalta que no existen garantías de que el RNPDNO se esté actualizando continuamente, como debería ser de acuerdo con la Ley General en Materia de Desapariciones, por lo que “es probable la existencia de subregistros”.
De acuerdo con la sistematización de los datos de las personas desaparecidas, el documento advierte que de 2018 a 2025 el promedio diario de personas desaparecidas pasó de 18 a 35, al pasar de un registro oficial de 6 mil 854 a 12 mil 961 personas desaparecidas, “extrañamente el mismo número que en 2024”.
En 2025 los estados con mayor número de desaparecidos fueron Estado de México (mil 800 personas desaparecidas), Ciudad de México (mil 295), Guanajuato (971), Sinaloa (952) y Baja California (919 personas desaparecidas).
El documento destaca la persistencia de una “disputa estadística” en las cifras de desparecidos en México, pues “más que un reflejo fiel del fenómeno, los registros oficiales muestran las huellas de múltiples prácticas institucionales que alteran su consistencia: denuncias que no se incorporan, casos históricos que se omiten, actualizaciones masivas a destiempo y ajustes retroactivos sin explicación pública”.
Considera que lo anterior ha generado “un sistema de información inestable, donde las variaciones abruptas y los cruces entre homicidios y desapariciones revelan no sólo cambios en la violencia, sino también movimientos administrativos orientados a modificar la apariencia del problema”, de ahí que las anomalías detectadas podrían ser “indicios de una contabilidad fragmentada y vulnerable a la manipulación”.
Llama la atención que, en el cruce de datos de 2025 en materia de homicidios dolosos con desapariciones, hay estados que registran más desapariciones que homicidios dolosos, en tanto que en aquellas entidades donde hay un supuesto descenso de homicidios dolosos se detectan “incrementos destacables (iguales o superiores) en el número de personas desaparecidas”.
Así, en 11 entidades destacan porque “el número de personas desaparecidas es superior al de víctimas de homicidio doloso”, como ocurre en la Ciudad de México y el Estado de México, “donde la diferencia entre ambos registros es más amplia que en el resto de entidades, y siendo además las que concentran el mayor número de casos a nivel nacional”.
En la Ciudad de México el SESNSP registró 849 homicidios dolosos frente a mil 295 desapariciones, en el RNPDNO, lo que en comparación con registros del año anterior significarían un descenso de 7% en homicidios dolosos pero un incremento de 6% en desapariciones; en tanto en el Estado de México se reportaron mil 519 homicidios dolosos frente a mil 800 desapariciones, lo que habría significado disminuciones de 33% y de 13% con respecto a 2024, respectivamente.
Del cotejo resaltan “ocho entidades que, a la vez que reportan supuestos descensos en los homicidios dolosos, registran incrementos notables en el número de personas desaparecidas”, una de ellas es Jalisco, entidad que en 2025 registró mil 198 homicidios dolosos y 469 desapariciones, datos que comparados con 2024 representan una disminución de 33% y un aumento de 219%, respectivamente.
Destacan dos entidades que reportan incrementos notables tanto en desapariciones como en homicidios dolosos, estos son Baja California Sur (131 homicidios dolosos frente a 217 desapariciones, que representan 90% y 168% respecto a 2024) y Sinaloa (con mil 663 homicidios dolosos y 952 desapariciones, 67% y 31%, respectivamente, más que el año anterior).
El informe alerta que “sin ninguna explicación, el RNPDNO ha comenzado a ajustar a la baja el número de personas desaparecidas, sin que tampoco sea posible precisar a qué periodo corresponden los registros eliminados”.
Abunda que “la disminución es notoria, incluso por días”, pues en una revisión de esa base de datos, “el 13 de enero de 2026 (una semana antes de la consulta de datos para la elaboración del presente informe), el RNPDNO reportaba 14 mil 100 personas desaparecidas. Esto significa que, en un lapso de siete días, fueron eliminados mil 139 registros del RNPDNO”.
La revisión de las bases de datos permite a los responsables del informe concluir que las cifras oficiales sobre inseguridad “no reflejan la realidad; son útiles para efectos de la propaganda gubernamental, pero no para construir política pública”.
Alertan que “en particular, la eliminación de registros sobre desapariciones demanda un pronunciamiento público y una revisión independiente del estado que guarda el RNPDNO”.
El informe de Causa en Común también analiza bases de datos oficiales relacionadas con el secuestro, trata de personas, extorsión, violencia familiar, narcomenudeo, robo de vehículo con violencia, robo de transeúnte con violencia, robo de transportista con violencia, delitos relacionados con hidrocarburos y en materia de delincuencia organizada, en los que también se advertirían inconsistencias relevantes.