Las diputadas federales Mónica Sandoval Hernández y Ana González González presentaron una iniciativa para reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de evitar la emisión de productos sin consentimiento, garantizar mecanismos de cancelación accesibles y sancionar prácticas que afecten el historial crediticio de las y los usuarios sin causa legítima.
La propuesta plantea una arquitectura normativa que refuerce la supervisión cruzada y la protección efectiva del usuario, en concordancia con los marcos legales nacionales e internacionales.
“Resulta indispensable garantizar el derecho humano al acceso a los servicios financieros, sin que esto represente una violación a otros derechos; es necesario armonizar la actuación del Banco de México, la Condusef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la regulación de comisiones y medios de disposición”, señalaron las legisladoras.
Entre los principales puntos de la iniciativa destacan:
El Banco de México deberá emitir disposiciones generales que limiten o prohíban comisiones que distorsionen las prácticas de intermediación o resten transparencia al cobro.
Las instituciones financieras deberán obtener el consentimiento expreso, previo, informado y verificable del usuario para contratar cualquier producto o servicio adicional. Queda prohibida la contratación automática, tácita o por defecto.
Las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas e instituciones de tecnología financiera deberán registrar ante el Banco de México las comisiones que pretendan cobrar, con al menos 30 días de anticipación a su entrada en vigor.
Se prohíbe el cobro de comisiones por servicios no solicitados, no contratados o derivados de prácticas abusivas. El incumplimiento será sancionado conforme a esta Ley y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Los usuarios podrán cancelar tarjetas de crédito, débito y cualquier producto financiero de forma inmediata, gratuita y sin condicionamientos, salvo obligaciones contractuales vigentes. La institución deberá entregar un acuse de cancelación y abstenerse de realizar cargos posteriores.
Las congresistas del PRI también subrayaron que los créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas, así como los créditos personales de liquidez sin garantía real, deberán documentarse por escrito en formularios oficiales.
Recordaron que el uso masivo de tarjetas de crédito ha derivado en prácticas abusivas y comerciales desleales por parte de proveedores de bienes y servicios; acciones que prohíbe la legislación mexicana y son fiscalizadas por la Profeco y la Condusef.
De acuerdo con datos de la Condusef, en 2024, las principales causas de reclamo fueron consumos no reconocidos, 12.3 por ciento, mientras que las tarjetas de crédito y débito concentraron el 55.5 por ciento de las quejas.
“Las prácticas señaladas no sólo son contrarias a la ética comercial, sino que también atentan contra los derechos fundamentales de los consumidores, quienes deben poder ejercer su libertad de elección y contar con información clara y veraz sobre los productos y servicios que adquieren”, concluyeron.
El Proyecto de Ley adiciona un párrafo segundo en los artículos 4 Bis y 6, y se recorren los demás subsecuentes en su orden; un párrafo segundo al artículo 10, y los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 18 Bis, todos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de comisiones indebidas, consentimiento expreso y cancelación de productos financieros.