El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso considerar como amenazas a la Seguridad Nacional cualquier acto dirigido a destruir, alterar, extraer, copiar, acceder o inutilizar, sin autorización, bases de datos poblacionales estratégicas bajo resguardo del Estado e imponer penas de hasta 15 años de prisión.
El diputado ecologista, Felipe Miguel Delgado Carrillo, planteó modificar las leyes de Seguridad Nacional, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal, a fin de que se consideren como delitos que atentan contra la seguridad nacional toda acción que se cometa contra las bases de datos de la población sin autorización.
Ante el pleno legislativo, puntualizó que en la era digital en la que vivimos la fortaleza y soberanía de una nación ya no se miden únicamente por la extensión de su territorio ni por la vigencia de sus fronteras físicas. Hoy, uno de los activos más valiosos del Estado se encuentra resguardado en sus sistemas digitales, las bases de datos poblacionales que son el ADN de nuestra nación.
Las bases de datos personales como el registro nacional de ok nación, el padrón electoral y los registros de instituciones como el IMSS o el ISSSTE constituyen en los hechos la columna vertebral informativa del país, en ellas se concentra una base esencial de gobernabilidad de estabilidad institucional y de la confianza ciudadana
Añadió que sin embargo, también debemos reconocer una realidad que hoy enfrentan todos los estados modernos pues los ataques cibernéticos, los accesos indebidos y las filtraciones de datos personales ya no son escenarios lejanos, sino amenazas concretas que pueden afectar a millones de personas.
Delgado Carrillo resaltó que cuando una base de datos poblacional es vulnerada no sólo se compromete un sistema informativo, se expone a la ciudadanía a fraudes, extorsiones y suplantación de identidad, se debilita la confianza en las instituciones y se ponen en riesgo los servicios públicos esenciales.
Ante ello, la propuesta contempla también sanciones de cinco a 15 años de prisión y multa de quinientos a mil días, a quien modifique, dañe, borre, destruya o inutilice información contenida en la base de datos o provoque la interrupción de su funcionamiento.
También se sancionará con penas de hasta diez años de cárcel a quien descargue o copie información sin causar daños y hasta 12 años a quien comercialice, distribuya o difunda este tipo de información. Las sanciones se elevarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se le impondrá, además la destitución e inhabilitación para cargo público hasta por cinco años.
Delgado Carrillo resaltó que es necesario entender que una base de datos estratégica puede ser tan relevante para el país como una red eléctrica, una vía de comunicación o cualquier infraestructura física crítica, por lo que su protección no es solo un asunto meramente técnico, es un asunto de seguridad, de derechos y de responsabilidad del Estado.