La diputada Gissel Santander Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa ante la Comisión Permanente, que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de detenciones donde haya presencia de personas menores de edad.
Al respecto, refirió que la protección integral de niñas, niños y adolescentes (NNA) constituye una obligación constitucional, convencional y ética del Estado mexicano. Sin embargo, indicó que, pese a los avances normativos en materia de derechos de la niñez, persisten vacíos operativos durante los actos de detención, cateo o intervención policial, especialmente cuando éstos ocurren en presencia de personas menores de edad que no guardan relación con los hechos investigados, pero cuya integridad emocional y física se ve gravemente afectada.
Indicó que en México, diversas organizaciones han documentado la exposición de NNA a violencia institucional durante detenciones, lo que provoca afectaciones equivalentes a las que sufre una víctima directa. Toda vez que, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim, 2022), al menos 4 mil niñas y niños presenciaron la detención o captura violenta de un familiar durante operativos policiales entre 2020 y 2022, frecuentemente sin medidas de contención emocional o resguardo.
Santander Soto mencionó que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece parámetros generales sobre el uso de la fuerza y la actuación policial, no prevé disposiciones operativas específicas para la protección de NNA durante una detención, ni reconoce expresamente su condición de víctimas indirectas cuando presencian actos de violencia estatal.
Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce su derecho a un entorno libre de violencia, pero carece de mecanismos vinculantes para que las policías, fiscalías o fuerzas armadas actúen de manera diferenciada cuando hay menores presentes.
En ese sentido, la iniciativa propone adicionar un párrafo tercero al artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales para armonizar el marco jurídico procesal penal con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, reconociendo expresamente el principio del interés superior de la niñez como criterio rector para la elaboración y ejecución de políticas públicas.
Lo anterior, a fin de priorizar la protección, desarrollo y bienestar integral de las personas menores de edad en cualquier ámbito en el que se vean involucradas.
También plantea adicionar las fracciones XVI a XIX, XX del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para incorporar obligaciones específicas a las personas servidoras públicas de las instituciones de procuración de justicia, orientadas a garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes durante cualquier actuación ministerial, policial o pericial.
Se contempla la adición de un artículo 266 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer obligaciones claras y protocolos de actuación cuando, durante la ejecución de una detención, cateo o cualquier acto de investigación, se identifique la presencia de niñas, niños o adolescentes.
Así como la adición de un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para reconocer el derecho de la niñez a vivir en condiciones de bienestar y en un entorno libre de violencia, estableciendo que cualquier niña, niño o adolescente presente en estos actos judiciales estableciendo que cualquier niña, niño o adolescente que esté presente en actos de detención reciban trato de especial protección.
“Estas nuevas fracciones buscan fortalecer el respeto al interés superior de la niñez, asegurar condiciones de trato digno, prevenir su revictimización y establecer mecanismos precisos que obliguen a adoptar medidas inmediatas de protección física, psicológica y emocional en todas las diligencias donde se identifique su presencia o posible afectación”, sostuvo la diputada federal.