La ministra María Estela Ríos González propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalar la reforma al artículo que regula los desalojos en la Ciudad de México, en la que se eliminó la obligación de reubicar a personas vulnerables desalojadas para evitar que terminen en situación de calle.
El proyecto está programado para discutirse el próximo lunes 19 de enero, por lo que organizaciones de la sociedad civil exigieron públicamente a la Corte aplazar la discusión del asunto y convocar a audiencias públicas para debatir antes el tema con quienes pudieran verse afectados por la reforma.
A través de un comunicado, el Frente por la Vivienda Joven explicó que anteriormente el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la CDMX establecía que quienes fueran objeto de un desalojo debían ser notificados con anticipación, se debía evitar el uso de la fuerza y que, en caso de ser personas vulnerables, se les dieran opciones de reubicación.
Sin embargo, en el año 2019, durante la administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX, el Congreso capitalino reformó dicho artículo y la nueva redacción no prevé ninguna de esas obligaciones para las autoridades.
“Año con año en la Ciudad de México se llevan a cabo un gran número de desalojos arbitrarios, violatorios de derechos humanos en que no se garantiza un juicio y aviso previo a las personas afectadas. En años recientes, los lanzamientos o desalojos han aumentado por la gran especulación inmobiliaria, en que se busca demoler viviendas para construir grandes edificios y centros comerciales, migrar viviendas de rentas fijas a rentas turísticas, aumento abusivo de cuotas de renta, desalojos por deudas de créditos hipotecarios, etc.”, indicó el Frente.
Recordó que, en el año 2019, colectivos vecinales, movimientos sociales y redes por la vivienda propusieron al Congreso capitalino una redacción que incluía estándares internacionales en la materia y establecía un catálogo de derechos para que las personas desalojadas pudieran ser oídas y vencidas en juicio y, en caso de perder, ser reubicadas, así como la elaboración de estadísticas que permitan elaborar una política de vivienda.
Aunque la propuesta fue avalada por el Congreso de la CDMX, el Frente acusó que esto provocó reacciones adversas en el sector inmobiliario que en solo cuatro meses consiguió una reforma en la que la redacción original fue sustituida por la actualmente vigente.
“Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto. Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en todo momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento.
“Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda”, reza el artículo 60.
La organización denunció que esta redacción ha impedido construir una política de vivienda que enfrente los desalojos de manera eficaz a partir de la generación de una base de datos con cifras y causas.
“El proyecto de la ministra Estela Ríos que la SCJN está a punto de votar, podría consolidar un escenario aún más grave, en que se declararía constitucional una fragrante regresión a la protección que las personas desalojadas y potencialmente desalojados ya habían ganado y permitiría que se sigan llevando a cabo desalojos sin garantía de derechos humanos”, advirtió la organización.