La diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara presentó una iniciativa para modificar los artículos 96 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el fin de permitir la deducción total de este gravamen a las personas diagnosticadas con cáncer en hospitales públicos o privados.
La propuesta establece que los gastos destinados a tratamientos oncológicos y la compra de medicamentos con receta médica podrán deducirse en su totalidad, siempre que se cumplan los requisitos de deducibilidad previstos en la ley.
La legisladora destacó que el cáncer representa uno de los mayores desafíos para el sistema de salud mexicano y una amenaza creciente para la estabilidad económica de millones de familias. En 2022 se registraron 207 mil 154 nuevos casos y 96 mil 210 defunciones, según el Observatorio Global de Cáncer.
Detalló que el Instituto Nacional de Cancerología estima que la incidencia de casos podría aumentar entre 60 y 80 por ciento hacia 2040. Cada año se diagnostican aproximadamente 195 mil 500 casos y cerca del 46 por ciento de los pacientes fallece por esta causa.
La congresista del PRI subrayó que la mortalidad asociada a tumores malignos exige una respuesta institucional inmediata. En 2023, las cifras preliminares reportaron 89 mil 633 fallecimientos por tumores malignos en personas mayores de 20 años, consolidando al cáncer como una de las principales causas de muerte en México.
Señaló que el costo económico es devastador para las familias mexicanas: el tratamiento de cáncer de mama, por ejemplo, tiene un costo promedio de 145 mil 400 pesos anuales; en instituciones públicas oscila entre 100 mil y 200 mil pesos, mientras que en hospitales privados puede alcanzar hasta 350 mil pesos al año. Estos gastos catastróficos ponen en riesgo la estabilidad de los hogares, obligándolos a sacrificar consumo en alimentación, educación y vivienda.
La diputada por el estado de Campeche consideró contradictorio que un sistema fiscal que se proclama progresivo y solidario limite la deducibilidad de gastos médicos oncológicos, cuando estos no son decisiones de consumo discrecional, sino necesidades vitales impostergables.
“Las familias que enfrentan el cáncer no eligen incurrir en estos gastos; lo hacen por la urgencia de preservar la vida de sus seres queridos. Restringir su deducibilidad equivale a imponer una carga tributaria adicional sobre quienes atraviesan las circunstancias más adversas”, enfatizó.
Finalmente, explicó que la iniciativa se inscribe en el marco de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, particularmente el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado, garantizando que el acceso a servicios médicos no condene a las familias a la ruina económica.