Tras reiterar que la inseguridad sigue como uno de los principales desafíos para las empresas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló que en México, sólo el 39.5% de las empresas considera que es buen momento para invertir, cifra similar a niveles similares durante la pandemia del Covid 19.
La confianza para invertir registró disminución de 0.07 puntos porcentuales durante el primer semestre del 2025, respecto al año previo, derivado del estancamiento económico, inseguridad, incertidumbre política y el creciente miedo a invertir por los cambios judiciales, refirió el organismo privado en su reporte Data Coparmex.
La confianza empresarial sigue presionada principalmente por la incertidumbre económica que refleja que es el 26.1 por ciento. La inseguridad 20.4% y el contexto político 18.4% que son los obstáculos para crecer más mencionados por los socios de Coparmex.
De acuerdo con encuestas realizadas a 3,850 socios de Coparmex sobre el ánimo para invertir, la inseguridad “mantiene de rodillas” a los empresarios, entre los cuales el delito de extorsión mata a las mipymes. Además de que el robo a mercancías se mantiene creciente.
Al presentar el reporte de Data Coparmex, Juan José Sierra, presidente de la Confederación sostuvo “es el delito de extorsión, el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. Y es el delito que vulnera con especial dureza, lo hemos dicho a las micro pequeña y medianas empresas del país, que es el motor de la economía y que genera el 71% del empleo en nuestro país y no solo es el motor que genera el empleo y que es el motor de la economía”.
El dirigente empresarial explicó que “no hay reforma fiscal, pero algunos estados y municipios se ponen creativos con los impuestos, sobre todo el ambiental. Se requiere homologar y eso da pie a los temas de corrupción y extorsión para cerrar la empresa”.
Recordó que la empresa destina por lo menos 20% en promedio de su inversión en gastos de inseguridad, que podría redirigirse a las actividades de mejoras para los empleados.
Sierra precisó que la extorsión se ubica por arriba del 70% en las llamadas telefónicas y de estas el 80% provienen desde los penales.
Por lo que confió en que el nuevo registro de números de celulares solucione el problema, pero “debe ir acompañado de homologar el delito y penas más severas. Lo que está en la ley anticorrupción es que los centros penitenciarios van a tener sanciones por contar con celulares dentro de los reclusorios. Se va a actuar contra directores de los reclusorios”, agregó.