La Colectiva feminista 50 más 1, a través de su Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, informó este domingo 11 de enero del feminicidio de Fátima Maldonado Martínez, abogada y funcionaria de la Fiscalía de Distrito en el municipio de Ocosingo; mientras la organización feminista calificó el hecho como el primer feminicidio del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas dijo que se suicidó.
“Tras la práctica de la necropsia de ley, se determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcamiento (lesión auto infligida). El dictamen forense estableció que el cuerpo no presentaba indicios de violencia externa, lesiones defensivas ni datos que sugieran la participación de terceras personas en el hecho”, afirmó la Fiscalía en un comunicado.
La dependencia afirmó que inició la investigación con estricto apego al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio, derivado del hallazgo del cuerpo sin vida al interior de un domicilio en el Barrio Guadalupe, del municipio de Ocosingo.
Aseguró que continúan las labores de investigación tecnológica, revisión de videovigilancia y peritajes complementarios para esclarecer totalmente el contexto del deceso.
El pronunciamiento de 50 más 1 bajo la consigna “¡Ni una menos!”, la colectiva expresó su profunda indignación ante el hallazgo de la víctima en su domicilio en el Barrio Guadalupe. 50 más 1, señaló a Ocosingo como un “foco rojo” y criticó duramente la gestión municipal:
Acusó una carencia de políticas públicas efectivas y estrategias de prevención reales por parte de las autoridades estatales y municipales de Ocosingo.
Demandó públicamente una investigación exhaustiva bajo el protocolo de feminicidio para evitar la impunidad e hizo un llamado al ayuntamiento para que deje de ser un “espectador” y asuma su responsabilidad en la protección de las mujeres.
“Apenas inicia el año y la violencia feminicida vuelve a enlutar a una familia chiapaneca en Ocosingo no bastan las palabras”, sentenció la colectiva en su comunicado.
La muerte de la funcionaria ha generado una fuerte conmoción en el sector jurídico y social del estado, reabriendo el debate sobre la seguridad de las mujeres en la región Selva y la eficacia de los protocolos de atención a la salud mental y violencia de género.