El Instituto Nacional Electoral (INE) propondrá cambios constitucionales y legales que eviten la injerencia del lavado de dinero en las campañas proselitistas y, en la parte operativa, insistirá en realizar la elección judicial de 2027 en fecha distinta a los comicios ordinarios.
Acorde con el documento temático, base de la propuesta que presentarán este lunes a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, uno de los puntos a destacar es el fortalecimiento de la tarea fiscalizadora del INE, tanto a partidos como a particulares, en territorio y plataformas digitales.
“Garantizar la trazabilidad de los recursos que utilizan los sujetos obligados para el desarrollo de sus actividades, mediante la verificación del origen, destino, aplicación y monto mediante la regulación del uso de activos virtuales y nuevas figuras que se incorporen en el sistema financiero”, se lee en la agenda temática.
Además, alentar mecanismos para facilitar la participación de mexicanos en el extranjero y mantener la seguridad de datos del padrón, entre muchos otros asuntos, además de la conocida defensa de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), a fin de que éstos no desaparezcan.
El tema de los 32 institutos electorales estatales –ahora conocidos como Oples– es de relevancia y discusión política, sobre todo porque el Consejo General tiene la facultad de elegir o remover a los consejeros locales de todo el país. Su eliminación representaría para el INE absorber la planeación y ejecución de todos los comicios estatales y municipales.
Ante un alud de temas, los consejeros votaron el viernes en sesión virtual privada cada uno de los bloques que incluyeron en general más de 300 tópicos.
Frente a la premura de entregar el documento y el caudal de más de 300 puntos, decidieron integrar a la propuesta final las que tuvieran opinión favorable unánime (como la idea de separar la elección judicial del resto y que las boletas sean diseñadas con menos requisitos) o aquellas con al menos seis votos, elemento que tuvo 76 por ciento. Así, entre las ideas “finalistas” están las reformas para generar “centros de votación” cuando haya consultas populares o revocación de mandato.
En materia de género, atender la violencia política contra las mujeres, prevenir y sancionar la violencia digital, la creación de la defensoría de mujeres e incorporar esta perspectiva de género en las fiscalías electorales, así como en la posible ratificación de candidaturas.
Asimismo, se incorporaron ideas para hacer más eficiente la fiscalización, tanto de recursos públicos como particulares, en procesos electorales, por ejemplo, mayor uso de tecnologías de la información y mecanismos de control frente a la inteligencia artificial, estrategias para adecuada respuesta de las instituciones de inteligencia financiera y hacendarias y otros elementos para la detección de uso ilícito y triangulación de recursos. Otra de las aristas en materia de fiscalización es ahondar en la norma lo relacionado con las aportaciones a los candidatos, así como los gastos de aquéllos.
El INE entregará este lunes la propuesta en una cita programada para el mediodía en la calle Barcelona número 32, colonia Juárez, oficina de la comisión presidencial en referencia, encabezada por Pablo Gómez. Acudirán, según la lista programada, los 11 consejeros, encabezados por la presidenta Guadalupe Taddei, así como la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino.