El número de ciudadanos estadounidenses detenidos por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ha registrado un incremento sostenido en los últimos años. Registros oficiales, que abarcan más de 13 años (de 2012 a febrero de 2025) arrojan que han sido aprehendidos 3,526 estadounidenses; más del 80% de los casos se han presentado desde 2018.
Las cifras divulgadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la plataforma de transparencia indican que los casos se han presentado en 24 estados; las entidades fronterizas encabezan los números.
En Baja California han sido detenidos 946 ciudadanos estadounidenses desde 2012; le siguió Tamaulipas (645) y Sonora (621); estas tres entidades concentran 63% del total.
Las otras entidades en donde se presentaron casos fueron Quintana Roo (461); Baja California Sur (424); Chihuahua (220); Coahuila (110); Nuevo León (25); Jalisco (13); Michoacán (11); Sinaloa (12); Guanajuato (5); Morelos (5); Chiapas (5); CDMX (4); Colima (4); Guerrero (4); Zacatecas (4); Aguascalientes (2); Durango (1); Oaxaca (1); San Luis Potosí (1); Veracruz (1) y Yucatán (1).
Por año ha sido el 2024 —año de la elección que ganó Donald Trump y toma de posesión de Claudia Sheinbaum— el de mayor número de casos con 969 detenciones, lo que equivale a un promedio de al menos dos aprehensiones por día. Comparado con un año anterior (402) hubo un alza de 141 por ciento.
Las detenciones realizadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, según lo informado, se llevan a cabo bajo el principio de que el personal militar actúa en casos de flagrancia delictiva, principalmente en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como en operativos orientados a reducir los índices de violencia en el país.
Según lo explicado, las personas detenidas y los aseguramientos son puestos de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución y el artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es dicha autoridad ministerial la que, con base en sus investigaciones y atribuciones, determina el tipo de delito o delitos cometidos por las personas puestas a su disposición.
Si bien no hay datos oficiales que detallen qué pasó con cada detenido, sí se puede observar que, a junio de 2025, la cifra de estadounidenses que estaban procesados en el sistema penitenciario mexicano era menor a la de los aprehendidos.
Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, al 30 de junio del año pasado —los más actualizados de manera pública—, indican que hay un total de 1,132 ciudadanos estadounidenses en cárceles en México.
También, los registros muestran los casos por Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos); aquí destacan el Cefereso No. 18 CPS Coahuila, con 35 personas, y el Cefereso No. 11 CPS Sonora, con 26, así como el Cefereso No. 17 CPS Michoacán, con 17 internos.
El incremento en la detención de ciudadanos estadounidenses en México, particularmente por delitos federales relacionados con armas de fuego, refleja dinámicas más amplias del crimen organizado transnacional y del tráfico ilegal de armamento, opinaron expertos.
Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, señaló que los ciudadanos estadounidenses son un objetivo prioritario para los cárteles, debido a la facilidad con la que pueden adquirir armamento en su país sin levantar sospechas.
“Con una licencia de conducir pueden comprar armas en cualquier tienda y cruzar sin generar alertas”, explicó, al tiempo que desestimó la narrativa de que las personas con doble nacionalidad representen un mayor riesgo, al no existir sustento estadístico para ello.
Respecto al papel que pueden desempeñar dentro del narcotráfico mexicano, el experto indicó que, si bien no es imposible que ocupen posiciones de liderazgo, generalmente desempeñan roles especializados, como operadores financieros, enlaces logísticos o sicarios con habilidades específicas.
Jorelvy Calixto, especialista en Seguridad y consultora externa de Global Thought, por su parte, señaló que uno de los elementos preocupantes no es únicamente la incorporación de extranjeros a actividades ilícitas, sino el traspaso de conocimiento técnico y táctico hacia las organizaciones criminales mexicanas.
“No sólo trabajan en temas ilegales, también aportan know how sobre nuevas formas de ataque, fabricación de explosivos y uso de tecnología”, explicó.
Este intercambio de conocimientos, dijo, ha contribuido a que los cárteles incrementen la letalidad y sofisticación de sus ataques, con afectaciones directas a la población civil.
La consultora identificó como factores clave para el reclutamiento de ciudadanos estadounidenses la doble nacionalidad, que facilita el cruce fronterizo, así como la facilidad para adquirir armas en Estados Unidos y el flujo constante de información sobre su uso y fabricación clandestina.
“Lo que antes veíamos en grupos terroristas hoy lo estamos observando cada vez más en los cárteles”, advirtió.
Ambos especialistas coincidieron en que, en términos de inteligencia, sería fundamental contar con listados de antecedentes penales y perfiles de riesgo de ciudadanos estadounidenses que ingresan a México, a fin de prevenir delitos y garantizar el debido proceso conforme a la jurisdicción nacional e internacional.
De acuerdo con la legislación vigente en México, la portación y posesión de armas de fuego sin licencia es un delito severamente sancionado para cualquier persona dentro del territorio mexicano, incluidos los extranjeros.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sanciona con penas de tres a 10 años de prisión a quien introduzca armas al país de forma clandestina. La ley permite que los extranjeros porten armas sólo en circunstancias muy limitadas, como el caso de residentes permanentes o quienes obtengan licencias temporales con fines deportivos.