El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de adicionar una fracción IX Bis al Artículo 3. Dicha fracción definiría el Dictamen de Congruencia Patrimonial, documento elaborado por un contador público inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual se presumirá válido salvo prueba en contrario, conforme al primer párrafo del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.
Indicó que este dictamen determinará la congruencia entre la evolución del patrimonio del servidor público y sus ingresos, con base en la declaración patrimonial que presente.
Asimismo, propuso reformar el Artículo 27 para que los datos del Dictamen de Congruencia Patrimonial se inscriban en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma Digital Nacional. También planteó modificar el Artículo 29, a fin de que la información contenida en dicho dictamen sea pública.
La iniciativa del legislador priista incluye cambios al Artículo 32, estableciendo la obligación y delimitación de los servidores públicos que deberán presentar el dictamen, así como un plazo de 15 días hábiles para hacerlo, contado a partir del día siguiente de la presentación de la declaración patrimonial.
Por otra parte, el representante del tricolor por Sinaloa señaló que se reformaría el Artículo 36 para que las investigaciones y auditorías realizadas por los órganos internos de control consideren el dictamen de congruencia y tengan facultades para resolver las controversias que surjan de este.
De igual forma, propuso modificar el Artículo 37, de manera que, en caso de que el cotejo entre la declaración patrimonial y el dictamen refleje un incremento inexplicable en el patrimonio o discrepancias entre ambos, se solicite la aclaración correspondiente o se integre un expediente de investigación.
El congresista del PRI subrayó que su propuesta busca otorgar mayor certeza a las declaraciones patrimoniales, convirtiéndose en una herramienta adicional para la prevención y combate a la corrupción.
“Será un documento robusto, expedido por un contador público certificado por el SAT, que contendrá un análisis contable de ingresos y gastos del declarante. Se propone que dicho dictamen sea presentado por funcionarios de elección popular y de rango medio y superior dentro de los quince días siguientes a la presentación de la declaración patrimonial”, puntualizó.
Finalmente, el diputado Mario Zamora recordó que, si bien la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya contempla disposiciones de control y sanciona el enriquecimiento ilícito, es necesario fortalecer este mecanismo de transparencia.
“Lo anterior es congruente con el Artículo 38 de la ley, que obliga a los declarantes a proporcionar la información requerida para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus dependientes económicos”, concluyó.