La Agenda Legislativa 2026 de Morena articula reformas que abarcan justicia, economía, derechos humanos, medio ambiente y cultura; todas buscan modernizar el marco jurídico, fortalecer al Estado como garante de derechos y acompañar al Ejecutivo en la construcción de un proyecto de transformación nacional, indicó el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En el documento que detalla dicha agenda, el legislador destacó que la orientación de las reformas proyectadas se puede dividir en los siguientes ejes temáticos: justicia administrativa; iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Economía y productividad; Derechos humanos y protección de las víctimas; Justicia ambiental y sostenibilidad; y Cultura e identidad nacional.
En lo referente a “Justicia administrativa”, la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se integra de manera estratégica a la agenda legislativa orientada a modernizar y fortalecer la justicia administrativa federal.
“Su objetivo principal es actualizar el marco procesal para hacerlo más eficiente, accesible y acorde con los principios constitucionales de legalidad, certeza jurídica, igualdad procesal y tutela judicial efectiva, respondiendo a las necesidades de un sistema contencioso cada vez más complejo y demandante.
“En términos generales, la reforma introduce ajustes sustantivos y procedimentales que buscan agilizar la tramitación de los juicios, reducir prácticas dilatorias, fortalecer el uso de medios electrónicos y precisar reglas claras sobre legitimación, representación, notificaciones y plazos. Asimismo, incorpora un lenguaje incluyente y homologado, refuerza la responsabilidad de las autoridades administrativas y consolida mecanismos que favorecen una actuación jurisdiccional más pronta, ordenada y transparente”.
La iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se inscribe como un eje prioritario de la agenda legislativa en materia de seguridad y justicia, al responder a la necesidad de adecuar el marco jurídico procesal a las dinámicas actuales de la criminalidad organizada y a los retos operativos del sistema penal acusatorio.
“Su propósito central es fortalecer la capacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar eficazmente delitos de alto impacto, sin menoscabo de las garantías del debido proceso y los derechos humanos”, explicó.
De igual forma, destacan sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Más allá de los cambios meramente administrativos, se busca fortalecer la supervisión, erradicar privilegios excesivos y consolidar un sistema disciplinario más transparente.
Sobre el acceso a una justicia pronta y completa, la fijación de plazos comunes y específicos en las actuaciones procesales responde al mandato constitucional de garantizar una justicia expedita. Al reducir márgenes de discrecionalidad temporal, se combate el rezago y se asegura que los procesos avancen de manera continua, anotó.
También, añadió, los “jueces sin rostro” incorporarían mecanismos para preservar la seguridad y resguardar la identidad de jueces y magistrados, especialmente en casos vinculados con delincuencia organizada.
Por otro lado, dijo, en materia de economía y productividad, la reforma a la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad responde al fenómeno del “nearshoring”, transformando una coyuntura global en política de Estado.
La intención es que la relocalización de inversiones se traduzca en desarrollo equitativo, con infraestructura y servicios públicos de calidad, evitando que los beneficios se concentren en unas pocas regiones, anotó.
Respecto de la reforma de la jornada laboral de 40 horas, “se inscribe en la lógica de la transformación nacional: pasar de un modelo laboral marcado por la precariedad y la fragmentación sindical hacia un sistema que promueva la democracia sindical, la equidad en las relaciones de trabajo y la seguridad social universal.
“Con ello, se pretende cerrar brechas históricas, dar mayor certeza jurídica a las relaciones laborales y reafirmar que el trabajo digno es un derecho humano fundamental”, agregó.
Por otro lado, comentó, las reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual amplían la definición del delito, incorporan la ausencia de consentimiento como elemento central y fortalecen las agravantes para sancionar con mayor severidad a quienes abusan de posiciones de poder o vulnerabilidad.
En tanto, “las modificaciones al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente refuerzan la sanción a quienes atentan contra los recursos naturales y la gestión ambiental orientada a fortalecer la protección penal del patrimonio natural del país”, aseveró.
En lo referente a cultura e identidad nacional las iniciativas para instituir el Día Nacional del Guía de Turismo y el Día Nacional del Huapango reflejan el compromiso de reconocer y preservar la riqueza cultural y social del país.
“A su vez, el decreto por el que se declara el 21 de febrero de cada año como ‘Día Nacional del Guía de Turismo’ es un reconocimiento necesario a la labor que realizan dichos profesionales”.
El coordinador hizo énfasis en que “a través del trabajo legislativo que se llevará a cabo durante el próximo periodo de sesiones, el Grupo Parlamentario de Morena refrendará su compromiso con la dignidad humana, la mejora en el sistema judicial, la productividad, y seguirá construyendo un marco jurídico que garantice a las y los mexicanos por igual una vida libre de violencias y un medio ambiente adecuado.
Lo anterior, “fortaleciendo al Estado para que reconozca el patrimonio cultural en todas sus expresiones, así como a las personas que lo promueven y que con su labor contribuyen al crecimiento económico del país”, finalizó Monreal Ávila.