Con el firme objetivo de proteger la economía familiar y garantizar la seguridad de la niñez mexicana durante los traslados aéreos, la diputada federal Claudia Rivera Vivanco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil que busca prohibir el cobro adicional por la asignación de asientos contiguos cuando se viaje con menores de edad.
Esta propuesta, -aseguró-, responde a una problemática creciente en el sector aeronáutico, donde las aerolíneas han implementado políticas de cobro por selección de asientos que obligan a los padres de familia a pagar tarifas extraordinarias, que en ocasiones superan los 600 pesos por asiento, para evitar que sus hijos de entre dos y doce años sean asignados a lugares distantes dentro de la cabina.
Rivera Vivanco destacó que, si bien el modelo de bajo costo ha democratizado el acceso al transporte aéreo, no debe permitirse que la rentabilidad de las empresas vulnere los derechos de los pasajeros ni la integridad de los menores, quienes por razones de seguridad y bienestar deben permanecer bajo la supervisión directa de sus padres o tutores durante todo el vuelo.
La iniciativa propone adicionar un párrafo a la fracción II del artículo 47 Bis de la citada ley, estableciendo con claridad que las aerolíneas estarán obligadas, sin excepción alguna y sin costo adicional, a realizar la asignación conjunta de asientos para menores de doce años junto a la persona adulta responsable.
La diputada por Puebla subrayó que esta medida no solo se alinea con las recomendaciones internacionales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sino que también pone a México a la vanguardia en materia de derechos de los consumidores, siguiendo ejemplos de regulaciones exitosas en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países de América Latina.
Con esta reforma, se busca poner fin a prácticas comerciales que generan incertidumbre y desprotección en los usuarios, garantizando que el derecho a un servicio eficiente y de calidad no esté condicionado a pagos que atentan contra la unidad familiar en el espacio aéreo nacional.