Sepa La Bola
Claudia Bolaños
En la Ciudad de México, la ilegalidad no siempre se impone con estridencia política; a veces basta con encenderse cada noche.
El caso de los anuncios luminosos instalados en el conjunto habitacional Residencial Magno TAUA, en San Pedro de los Pinos, vuelve a exhibir un problema estructural: la normalización de la publicidad exterior ilegal en zonas donde la ley es clara y el impacto en la vida cotidiana es directo.
La colocación de espectaculares luminosos en edificios de uso habitacional no es una zona gris ni un tecnicismo administrativo.
La Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México prohíbe expresamente este tipo de anuncios en fachadas y azoteas de vivienda, así como el uso de iluminación artificial que genere deslumbramiento, contaminación lumínica o riesgos a la seguridad vial. No es una sugerencia: es una restricción legal.
Sin embargo, la realidad urbana suele contradecir la norma. Entre 2022 y 2024, el gobierno capitalino retiró más de dos mil quinientos anuncios irregulares.
Aun así, organizaciones civiles estiman que entre 30 y 40 por ciento de la publicidad exterior visible presenta algún tipo de irregularidad. No son excepciones: es un sistema sostenido por omisiones, permisos vencidos y simulaciones administrativas.
San Pedro de los Pinos no es la excepción. Alcaldías como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez concentran estructuras que permanecen durante años sin una explicación pública clara sobre su legalidad.
La publicidad exterior se ha convertido en un territorio donde la aplicación de la ley es intermitente y selectiva, lo que erosiona la credibilidad de las políticas urbanas.
Las consecuencias son tangibles. Vecinas y vecinos reportan invasión de luz en sus hogares, alteraciones del sueño y deslumbramiento para automovilistas. Estudios urbanos advierten que la contaminación lumínica en la capital ha crecido más de 20 por ciento en la última década, impulsada por espectaculares y pantallas LED.
Es un problema de salud, seguridad y calidad de vida.
Cuando la limpieza estorba
El bloqueo de avenida Constituyentes por trabajadores de limpieza no fue un arrebato. Fue una advertencia.
Treinta personas pararon la vialidad para exigir el pago de dos quincenas atrasadas por parte de Shiny Place, empresa subcontratada que presta servicios a dependencias federales.
El dato relevante no está en el tráfico, sino en la licitación LA-49-830-049000975-N-3-2026. Más de ochenta millones de pesos están en juego por el servicio de limpieza en la Fiscalía General de la República. El fallo se ha aplazado tres veces y, entre los participantes, se repite la misma acusación: los dados están cargados.
Shiny Place ha sido señalada este año por adeudos salariales, presunta falta de seguridad social y esquemas empresariales creados para ganar concursos públicos sin asumir obligaciones laborales plenas. Aun así, sigue compitiendo por contratos millonarios.
Mientras los expedientes avanzan en escritorios, los conflictos estallan en la calle.
El diálogo libera avenidas, pero no limpia el fondo. Cuando la ley se aplica a conveniencia y el Estado externaliza sin supervisar, la precariedad termina estorbando más que la protesta.
Y sepa la bola: lo que ocurre en Tecámac no es un simple reacomodo político, sino una señal preocupante de regresión. La entrega de posiciones clave del gobierno municipal a perfiles priistas y panistas, bajo presuntas presiones externas y en sesiones cuestionables, dibuja un escenario donde la voluntad popular queda relegada frente a viejas prácticas de control y chantaje político. Mientras los cacicazgos históricos reaparecen con miras a 2027 y se intensifica la guerra sucia contra figuras incómodas, el municipio se tiñe de tricolor en medio del silencio y la complacencia de quienes deberían garantizar gobernabilidad y legalidad.
A la crisis política se suma una crisis social y laboral que agrava el descontento ciudadano. Despidos masivos, plantones ignorados, denuncias de amenazas y liquidaciones incumplidas contrastan con el despilfarro de recursos públicos y anuncios populistas que poco alivian la realidad de cientos de familias. En un contexto de violencia creciente en las calles, Tecámac parece avanzar hacia un modelo donde se privilegia el control político sobre la seguridad, la justicia laboral y la rendición de cuentas, dejando a la población atrapada entre el miedo, la incertidumbre y la sensación de haber sido traicionada.