Por Víctor Barrera
Será el próximo mes de febrero cuando se inicie la discusión y debate de la reforma electoral, que para muchos es significativa porque existe la posibilidad de disminuir aún más el espectro democrático que queda en el país.
Se habla de garantizar que en esta reforma se escuchen todas las voces, sin embargo, como ya lo hemos visto a lo largo de estos últimos siete años, la mayoría aplastante, decide y por consecuencia la posibilidad de un debate abierto se reduce a escuchar en algunos foros voces de expertos, pero no serán tomadas en cuenta porque esa reforma electoral que será iniciativa del Poder Ejecutivo no tendrá ningún cambio.
Y es que, desde la creación de la comisión, integrada sólo por personas cercanas a la presidenta y a la 4T, su coordinador Pablo Gómez Álvarez ha manifestado que será aprobada en los términos originales.
Esta reforma electoral entonces será muy distinta a la que se realizó a finales de la década de loso años 70 y que fue convocada por Jesús Reyes-Heroles, porque no habrá una participación masiva de expertos, analistas, partidos políticos y toda aquella persona que tenga algo que decir al respecto.
Una reforma de esa magnitud necesita varios meses y no solo un par, para establecer leyes electorales que sean totalmente definidas y que expliquen con exactitud cuál será el rumbo de nuestra democracia.
Hasta el momento la comisión encargada de analizar la reforma electoral ha mantenido un hermetismo y por ello no se sabe con certeza hacia donde apunta esa reforma electoral.
Se habla de la desaparición de los Organismos Políticos Electorales conocidos como OPLEs, para que únicamente sea el INE quien organice, vigile y supervise los comicios, También se ha manifestado la desaparición de tribunales electorales locales para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial sea el único ente donde se diriman las diferencias y sea este quien decida el resultado final de esas diferencias.
Ante esto, los integrantes de los OPLEs, de todo el país, han presentado sus propuestas. Donde se ha manifestado que el trabajo de estos es de enorme relevancia, porque al descentralizar los comicios permite el desarrollo de procesos adecuados a cada entidad. Sin embargo, su desaparición se mantiene latente en la iniciativa del Ejecutivo, que se explica por lo costoso que resultan además de duplicar funciones.
Así, se busca un menor gasto en comicios, aun cuando se descobije la parte fundamental que es la protección del voto popular y la certeza de que se valore el mismo. En el mismo sentido va la desaparición de los tribunales electorales estatales.
Y aunque se ha manifestado que la democracia tiene un costo, se pretende disminuir este centralizando en solo dos organismos todos los procesos electorales.
Se discute también el costo de los partidos políticos, llamados prerrogativas, donde aquellos que tiene mayoría electoral se llevan una gran parte, mientras que los de menor presencia reciben una pequeña parte, lo que de entrada no representa “un piso parejo”.
Y aun cuando las reglas existentes señalan que el dinero para los comicios se divide en un 30% para todos los partidos por igual y un 70% por el número de votos, la disparidad sigue presente.
Otro tema es la desaparición o disminución de los legisladores plurinominales o de lista, que permitían por lo menos equilibrar la representación dentro del Congreso, pero ante las cuentas hechas desde el paso 2024 cuando Morena obtuvo más del 8 por ciento de la representación que le correspondía, los plurinominales terminaron simplemente en ser complementarios y no representativos.
También se toca el tema del tamaño del Congreso federal y locales, más por su costo que por su representación, de ser esto tendrá que haber un reacomodo en la conformación de los distritos electorales, que significaría un proceso sumamente largo.
Sin embargo, esta reforma electoral deberá estar lista para los comicios intermedios del 2027 y a partir de ahí veremos cual será la salud de nuestra democracia.