A un año del inicio de la actual administración estatal, la estrategia de seguridad implementada en Chiapas no ha logrado contener la violencia en las regiones fronterizas con Guatemala; por el contrario, el incremento de las desapariciones forzadas, el desplazamiento interno y transfronterizo de familias, así como la persistencia de grupos armados, revelan un escenario más complejo y grave que el presentado en los discursos oficiales de “paz recuperada”.
Así lo documenta el informe preliminar “Chiapas 2025: la paz pendiente”, elaborado por un grupo de trabajo integrado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Movilizaciones Libres y Elegidas A.C., la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Voces Mesoamericanas y Sipaz, entre otras organizaciones civiles.
El documento recuerda que el 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno asumió funciones en el estado y anunció una “nueva” estrategia de seguridad para enfrentar la violencia derivada de la disputa territorial entre grupos de delincuencia organizada. Durante 2025, esta política fue acompañada por una amplia campaña de comunicación que destacó la disminución parcial de algunos delitos y la realización de operativos de alto impacto.
Sin embargo, las organizaciones advierten que más que una política orientada a la construcción de paz, la estrategia parece responder a una lógica de pacificación, entendida como el control social mediante el uso de la fuerza.
Uno de los ejes centrales de la estrategia fue la creación y despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un cuerpo de élite integrado por 500 elementos con formación militar. A lo largo del año, la FRIP participó en diversos operativos contra presuntos integrantes de cárteles criminales.
El 8 de junio de 2025, en La Mesilla, municipio fronterizo del departamento de Huehuetenango, Guatemala, fue abatido Baldemar Calderón Carrillo, identificado como fundador y financiador del llamado Cártel Chiapas y Guatemala. De acuerdo con reportes de prensa mexicana y guatemalteca, en el operativo habrían participado elementos armados que ingresaron desde territorio mexicano.
Para las organizaciones firmantes, este hecho evidenció la creciente militarización de la franja fronteriza, con riesgos de tensiones diplomáticas y una mayor exposición de la población civil. Además, señalan que la actuación de la FRIP y otros cuerpos de seguridad ha modificado la dinámica comunitaria y ha incrementado los casos de privación arbitraria de la libertad, documentados durante 2025.
El informe subraya que entre 2023 y 2024 más de 8 mil personas fueron desplazadas de sus municipios, principalmente en las regiones colindantes con Guatemala. Aunque una parte retornó a inicios de 2025, lo hizo sin condiciones reales de seguridad.
Alrededor de 200 personas originarias de Chicomuselo y Frontera Comalapa continúan desplazadas en ciudades como Comitán de Domínguez, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez. Muchas viven un desplazamiento intermitente, alternando retornos parciales con nuevas salidas forzadas ante amenazas persistentes y la presencia de actores armados.
Un episodio emblemático ocurrió el 8 de agosto de 2025, cuando un grupo armado ejecutó al comisariado ejidal Rudy Aguilar Lucas y a Manuel Aguilar Lucas, en la comunidad El Sabinalito, Frontera Comalapa. Tras el crimen, más de 100 personas huyeron hacia Guatemala, confirmando que el desplazamiento transfronterizo sigue siendo una estrategia de supervivencia ante la ausencia de protección estatal efectiva.
Aunque las cifras oficiales reportan una reducción de homicidios en algunas regiones, el informe advierte que el aumento de desapariciones forzadas constituye uno de los indicadores más alarmantes de la crisis.
Durante 2025 se contabilizaron 29 personas desaparecidas en municipios fronterizos: 12 en Frontera Comalapa, 12 en La Concordia y casos aislados en Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Ángel Albino Corzo y Mazapa de Madero. Las organizaciones alertan que estas cifras representan solo una parte del problema, debido al subregistro provocado por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.
A finales de 2024 e inicios de 2025, la Fiscalía General del Estado informó sobre el hallazgo de 25 fosas clandestinas en La Concordia y Palenque, con al menos 31 cuerpos, sin que exista información pública sobre su identificación forense. Para las organizaciones, estos hallazgos confirman un patrón sistemático de violencia y ocultamiento.
Pese a los anuncios gubernamentales sobre programas de “paz” y “reconciliación”, el informe sostiene que no hay evidencia clara de su implementación territorial, ni de sus impactos o mecanismos de seguimiento. En las regiones fronterizas, por el contrario, se documentaron nuevos desplazamientos, restricciones a la movilidad y denuncias de abusos de autoridad, como cateos sin orden judicial y detenciones arbitrarias.
Operativos como el realizado para capturar a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, derivaron en bloqueos, quema de vehículos y cortes de vías estratégicas como la carretera Tuxtla–Tapachula y los accesos al aeropuerto Ángel Albino Corzo, sin resultados proporcionales en detenciones de alto nivel.
En conjunto, la evidencia reunida indica que la situación en la frontera sur no confirma plenamente la narrativa de una “paz recuperada”. El aumento de desapariciones, la persistencia del desplazamiento forzado y la continuidad del control territorial por parte de grupos armados muestran una violencia estructural que sigue sin ser atendida de fondo.
Las organizaciones advierten que la ausencia de registros oficiales completos sobre desapariciones, fosas clandestinas y desplazamientos forzados profundiza la crisis, invisibiliza a las víctimas y dificulta la construcción de políticas públicas efectivas.
El informe completo “Chiapas 2025: la paz pendiente” será publicado en febrero de 2026, con un análisis detallado basado en datos oficiales, reportes locales y testimonios comunitarios, en un esfuerzo por romper el silencio institucional y colocar en el centro la memoria y dignidad de las víctimas.