Apenas han pasado 11 meses de su gestión, el alcalde del municipio indígena de Xoxocotla, José Carlos Jiménez Ponciano, enfrenta una crisis política marcada por denuncias en su contra de parte de más de la mitad del ayuntamiento por violencia, retención de salarios y omisiones en el cumplimiento de laudos laborales heredados tras la separación del municipio de Puente de Ixtla, entre otras anomalías.
Aunque el Cabildo está integrado por diez regidores, además del presidente municipal, actualmente opera dividido en dos bloques con posiciones abiertamente contrapuestas.
A Jiménez Ponciano se le denuncia por violencia política de género en agravio de la síndica y tres regidoras, así como de ejercer violencia política contra dos regidores. Los denunciantes aseguran que las autoridades estatales lo protegen e intentan minimizar las acusaciones por irregularidades cometidas desde su toma de protesta.
Jiménez Ponciano es considerado el edil más blindado en la historia reciente de Morelos. Desde el inicio de su gestión ha sido custodiado, primero por la Policía Estatal y después por la Guardia Nacional, debido a la violencia política que ha prevalecido en la localidad.
En enero de 2019 Xoxocotla se convirtió en municipio indígena, aunque su gobernabilidad se vio comprometida desde el principio. Su primer presidente municipal electo, Benjamín López Palacios, asumió el cargo en enero de 2021 y, diez días después, fue asesinado a balazos. Tras su ejecución, Abraham Salazar Ángel tomó protesta en medio de una trifulca en la que resultó lesionado un policía. La segunda elección también estuvo marcada por la violencia; en agosto de 2024 David Jiménez, aspirante a la candidatura y dirigente del Frente Popular Francisco Villa, fue asesinado mientras circulaba en su camioneta.
Tras ese hecho, José Carlos Jiménez Ponciano, amigo y suplente de la víctima, asumió el proyecto.
Después de su triunfo, el 7 de octubre de ese año, Jiménez Ponciano acudió al Consejo Electoral –custodiado por la Policía Estatal para recibir su constancia de mayoría. El 30 de diciembre de 2024 tomó protesta como alcalde, acompañado de la gobernadora Margarita González Saravia, en medio de un fuerte operativo de la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional.
“Custodiado por la Guardia Nacional, José Carlos Jiménez Ponciano se ha empoderado, se ha vuelto prepotente y es un hombre distinto a cuando era el amigo del líder David”, denuncia una mujer que lo apoyó en campaña.
Seis integrantes del cuerpo edilicio, Alicia Fernandina Capistrán Martínez, síndica municipal; Alma Rosa Santos Mata, regidora; Xitlalli Mejía Huerta, regidora; Juliana Pablo Ángel, regidora; Ernesto Ramírez Sánchez y Joaquín Sánchez Leiva, regidores, denunciaron suspensión de dietas, retención de pagos y restricciones para participar en decisiones de gobierno.
El regidor Sánchez Leiva denunció presiones políticas, hostigamiento administrativo y la retención de su salario. Detalló que el 16 de abril se les notificó la intención de despedir a personal de la campaña electoral.
“Querían despedir a gente de nosotros: tres empleados que caminaron y apoyaron en la campaña”, explicó. Respecto de su regiduría, dijo que su oficina se encuentra fuera del edificio municipal debido a dictámenes que impiden su uso.
En 11 meses sólo se ha realizado una sesión del cabildo sin que se levantara el acta respectiva afectando el funcionamiento colegiado. Estas acciones constituyen violencia política y, combinadas con medidas específicas contra la síndica y regidoras, violencia política por razón de género, de acuerdo con el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género y las normas del INE.
En contraste, otro sector del cabildo mantiene respaldo al alcalde. Este bloque incluye a Albino Jorge Mata, Juan Serafín y Marcelina Valerio, mientras que el secretario municipal, Wenceslao Balbuena, ha sido señalado por los denunciantes como ejecutor de disposiciones controvertidas.
El punto central del conflicto es el manejo de los laudos laborales heredados de Puente de Ixtla, para los cuales se presupuestaron unos seis millones de pesos. Los opositores afirman que el alcalde incurrió en omisión al no ejecutar los pagos generando multas administrativas que se intentaron trasladar irregularmente a integrantes del cabildo.
Ernesto Ramírez Sánchez denunció la retención de pagos desde septiembre, imposición de multas y cobros del SAT, hechos que derivaron en la presentación de una denuncia formal.
Me llegaban multas del TJA, que yo no sabía ni por qué me estaban haciendo esas multas… incluso vinieron pagos por el SAT.
La síndica y tres regidoras del municipio indígena de Xoxocotla denunciaron una escalada de violencia política de género (física, psicológica, digital, simbólica y laboral), además de que se han registrado ataques armados contra sus viviendas entre octubre y diciembre.
La regidora Xitlali Mejía Huerta asegura que fue agredida por el alcalde: “El presidente me empujó cuando pedí el alta de mi director y con su panza me tocó el cuerpo, y su tía me rasguñó al intentar quitarme documentos”. El 1 de diciembre su casa fue baleada: “Tres disparos atravesaron mi puerta. Fue un mensaje: ‘Cállate o te callamos’”.
La regidora Juliana Pablo Ángel recuerda amenazas directas: “Un compañero nos dijo que, si no nos alineábamos, ‘nos iba a desaparecer’”. Días después, hubo disparos cerca de su domicilio: “Dispararon a unos metros de mi casa. La amenaza se estaba cumpliendo”.
La síndica Alicia Fernandina Capistrán Martínez denuncia campañas de desprestigio: “Nos ridiculiza, dice que él es nuestro patrón, y difundió para dañarme que yo pedía 70 mil pesos”. Más tarde, también balearon su vivienda: “Tiraron directo a mi puerta. Ya no eran palabras”.
La regidora Alma Rosa Santos Mata señala represalias laborales:
El 1 de diciembre el presidente despidió a mi asesora; llevamos meses sin pago y no respetan nuestras funciones”. Su casa y la de sus padres también fueron atacadas: “Baleadas las dos casas. Es una advertencia.
Las cuatro funcionarias interpusieron denuncias, pero aseguran no contar con protección: “No son hechos aislados, es un patrón”, sostienen.
En este contexto, las sesiones de cabildo del 1 y 20 de octubre, cuestionadas por irregularidades, modificaron la donación de un predio para un CENDI –de dos mil a tres mil metros– e incorporaron puntos no discutidos. La síndica y una regidora se negaron a firmar. Después, fueron blanco de ataques digitales y la síndica fue agredida por familiares del alcalde dentro de su oficina.
Luis Linares Castro, asesor jurídico de los regidores y de la síndica, explicó que enfrentan obstáculos sistemáticos para ejercer sus funciones y acceso limitado a información municipal.
Denuncia que existen cuatro procedimientos legales activos, incluyendo ante la Fiscalía Anticorrupción y de Delitos Electorales por retención de salarios, violencia política y amenazas.
El Tribunal Estatal Electoral analiza un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por obstrucción de cargo y violencia política por razón de género, mientras que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana sigue un Procedimiento Especial Sancionador con medidas cautelares. Linares Castro informó que los regidores han enfrentado multas, retención de salarios y la obligación de cubrir jornadas extraordinarias de su personal. Además, al menos tres domicilios fueron atacados con armas de fuego afectando a dos regidoras y a la síndica.
Las acciones no buscan beneficio personal; son un reclamo por transparencia y correcto manejo del recurso público –afirma Linares Castro.
El 2 de diciembre, un día después del atentado a la síndica y dos regidoras, el alcalde José Carlos Jiménez reconoció haber suspendido el pago a regidoras y a la síndica municipal argumentando que se negaron a firmar actas y cuentas públicas previamente aprobadas por unanimidad.
En conferencia de prensa realizada en la explanada del Ayuntamiento, el alcalde pidió a la Fiscalía de Morelos esclarecer el ataque, señalando que afecta a toda la comunidad.
También admitió que el diálogo en el cabildo está roto y que la tensión podría escalar recordando el asesinato del exalcalde Benjamín López Palacio en 2022 y otros hechos de violencia.
El secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado, minimizó las denuncias de violencia política y de género presentadas por integrantes del cabildo de Xoxocotla. Tras reunirse el 1 de diciembre con el alcalde, afirmó: “Platicamos algunos aspectos sobre diferencias que pudieran existir y pedimos equilibrio y paz social”; añadió que convocarán a quienes no asistieron “con puertas abiertas al diálogo”.
El 3 de diciembre, en conferencia de seguridad con el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, ambos atribuyeron los ataques contra la síndica y una regidora a tensiones por la elección de autoridades comunales, en las que participa como candidato Salustiano Jiménez, padre del alcalde.
Urrutia informó que el arma usada está vinculada con otro delito, según la huella balística.
El fiscal estatal, Fernando Blumenkron Escobar, informó a medios locales que ya se abrió la carpeta de investigación y se activaron los protocolos ministeriales. Esta periodista solicitó entrevista para confirmar si se han cumplido las medidas de protección dictadas por el Tribunal Electoral en favor de las funcionarias municipales, pero no hubo respuesta. Según su defensa, al momento de la solicitud dichas medidas aún no se habían aplicado.
El bloque de la síndica, regidoras y regidores señaló que las reuniones con autoridades estatales “se han llevado a cabo, pero no han resuelto nada”. Indicaron que la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, conoce el problema desde sus primeros meses y que, incluso, en un acto público recibió un documento donde se detallan todas las agresiones, sin que hasta ahora haya una reacción o respuesta de su parte.