Por Víctor Barrera
La cámara de diputados aprobó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que impone aranceles a países con los que no tenemos tratados de libre comercio.
Esto que pereciera un simple ajuste técnico es el inicio de una política comercial que el gobierno federal ha puesto en la mesa y que los legisladores han aprobado. Pero esto debe aplicarse con la certeza de que el consumidor final no tenga que pagar un precio mayor a los productos que desee.
Así que los legisladores deberán adecuar las modificaciones para evitar el encarecimiento del producto de venta y que los consumidores puedan seguir teniendo la oportunidad de elegir el producto en un mercado de competencia comercial.
Cuando se presentó la iniciativa del Ejecutivo se argumentó que estaba encaminada a fortalecer la industria nacional frente a una competencia que ha sido favorecida por la apertura comercial que el país ha tenido en varios años desde la firma del TLCAN, a mediados de la década de los años noventa del siglo anterior.
En términos generales se aprobó que en diversas fracciones de la industria se redujera el impuesto a cobrar, para evitar que se incrementará su precio cuando el producto se manufacture por empresas mexicanas. De tal forma que dos terceras parte de las fracciones que se presentaron se acordó reducir el arancel, con lo que se evita un rompimiento de la cadena productiva al mismo tiempo que se permite que el costo total de los productos sea accesible.
Los legisladores también decidieron quitar al Poder Ejecutivo la facultad de modificar en el futuro las tasas arancelarias, porque ahora tendrán que ser analizadas también por el Poder Legislativo.