El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la Ley General de Aguas aprobada por Morena en el Congreso de la Unión representa “el inicio del fin a la propiedad privada en México”, bajo el argumento de que la norma elimina la posibilidad de transmitir derechos de agua y concentra las decisiones en el Gobierno Federal.
Según el dirigente panista, la legislación afectará a más de dos millones de productores agrícolas que ya no podrán heredar, vender o ajustar los volúmenes de agua asociados a sus predios.
Señaló que, con la nueva ley, las concesiones dejarán de formar parte del patrimonio de los propietarios, lo que —dijo— provocará la devaluación de sus tierras y una reducción en la inversión en el campo y la industria.
Romero sostuvo que la aprobación de la ley forma parte de un proceso mediante el cual Morena ha buscado ampliar su control institucional: “Así como se apropiaron tramposamente del Poder Legislativo, del Judicial y ahora del agua, Morena busca poner fin a la propiedad privada para apoderarse del patrimonio de las familias mexicanas”.
El dirigente acusó que el oficialismo pretende “controlar el poder, la justicia, la economía y la seguridad”, y ahora también el acceso al agua en todo el país.
Aseguró que con la nueva normativa “Morena vuelve a sentirse dueño de todo y ahora atenta contra la propiedad privada”.
De acuerdo con Romero, la ley subordina a estados, municipios, productores y comunidades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aun cuando —según expresó— la propia iniciativa reconoce que el organismo no cuenta con el presupuesto ni el personal suficiente para asumir esta responsabilidad.
“Lo más preocupante es que la misma iniciativa reconoce que Conagua no tiene hoy ni el presupuesto, ni el personal suficiente, pero aun así le entregan todo el control”, indicó el opositor.
También afirmó que el gobierno podrá reducir o reasignar volúmenes de agua sin análisis previo, lo cual podría dejar sin acceso al recurso a comunidades, empresas o agricultores en un plazo de 20 días. Añadió que la ley permite declarar zonas de escasez sin criterios técnicos, lo que facultaría a la autoridad a redirigir agua de un estado a otro sin compensación.
Romero concluyó que la aprobación de la ley no implica una reorganización de los recursos hídricos, sino “centralizar toda decisión sobre el agua, atentando contra la mínima y elemental propiedad privada en México”.