El presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pasaría de los 8 mil 685 millones de pesos ejercidos en 2025 a 9 mil 150 millones propuestos para 2026, un incremento planteado por el Gobierno capitalino.
Ante los legisladores, Alcalde Luján explicó que la propuesta de recursos para el próximo año se concentrará en tres líneas estratégicas: fortalecer áreas prioritarias, incorporar más agentes de la Policía de Investigación (PDI) y Ministerios Públicos, consolidar herramientas tecnológicas para prevenir irregularidades y mejorar el uso del gasto público.
En este contexto, señaló que para la definición del presupuesto 2026, la institución proyecta ampliar sus capacidades de investigación, modernizar sistemas y reforzar su estructura operativa.
La fiscal también presentó los resultados obtenidos desde su llegada a la institución en enero de 2025. Detalló reducciones específicas en delitos de alto impacto respecto de 2024: homicidio doloso, feminicidio, extorsión, robo a casa habitación con violencia, secuestro y lesiones dolosas por arma de fuego.
En conjunto, estos comportamientos significaron una disminución del 13% respecto del año anterior y del 58% en comparación con 2019. Además, se incrementó en 17% la ejecución de órdenes de aprehensión al pasar de 5 mil 306 a 6 mil 218, y se obtuvieron 4 mil 619 sentencias, de las cuales 91.2% fueron condenatorias, según la fiscal.
En cuanto al presupuesto 2025, Alcalde Luján informó que la Fiscalía ejerció 8 mil 685 millones de pesos. De ese monto, 82% correspondió a la nómina de más de 14 mil 450 personas servidoras públicas; 14% a gastos ordinarios para operación, mantenimiento y servicios; y el resto a proyectos de infraestructura, modernización tecnológica y renovación de equipo. Entre estos últimos se incluyen la intervención del edificio conocido como el “Búnker”, agencias territoriales, Centros de Justicia para las Mujeres y el Centro de Estancia Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes.
En materia operativa y tecnológica, la fiscal expuso que en 2025 se invirtió en sistemas para el aseguramiento de bienes mediante firma digital, en el monitoreo de audiencias con herramientas de inteligencia artificial y en la implementación de una aplicación móvil para la cadena de custodia digital.
También aseguró que se fortaleció la capacidad técnica para confronta balística, análisis especializado y pruebas de laboratorio, incluidas ADN y toxicológicas.
La institución destinó además 48 millones de pesos a vehículos operativos como ambulancias, unidades periciales, laboratorios móviles y equipos de criminalística de proximidad utilizados en casos de homicidio.
La incómoda “cifra negra”
En la comparecencia, legisladores de oposición advirtieron que, pese a los avances reportados por la Fiscalía capitalina, el 93% de los delitos en la Ciudad de México no se denuncia, dato señalado por la diputada panista Olivia Garza, quien subrayó que esta cifra negra condiciona la lectura real de la incidencia delictiva y la demanda de servicios ministeriales.
Durante la comparecencia, Garza expuso que, según la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayoría de los delitos no deriva en una carpeta de investigación debido a causas atribuibles a la autoridad, como trámites prolongados, desconfianza, percepción de maltrato, temor a extorsiones o pérdida de tiempo.
Desde esa perspectiva, llamó a la Fiscalía a establecer mecanismos de coordinación que permitan fortalecer la atención y reducir los obstáculos que enfrentan las víctimas al intentar denunciar.
Por su parte, el diputado Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, planteó que la aprobación de nuevos tipos penales y el aumento de penas han generado cargas adicionales para la FGJCDMX, al requerir más intervenciones periciales, mayor número de investigaciones y adecuaciones en los modelos de atención.
Consultó a la titular de la institución sobre los costos asociados a estas modificaciones legales y pidió transparentar los recursos necesarios para sostenerlas.
Agregó que la prisión preventiva, contemplada en varios de los tipos penales recientemente ampliados, implica un costo para la institución debido a los gastos asociados a la reclusión de personas sujetas a proceso.