Al inicio de la sesión ordinaria, el diputado Rubén Moreira propuso salir del Pleno para traer una Comisión de campesinos y escuchar sus necesidades. Propuso a la presidenta de la Mesa Directiva a abrir el tablero y votarlo, petición que fue rechazada por Morena y el Partido Verde.
En Tribuna, Moreira Valdez presentó una moción suspensiva dado que se disminuyeron los derechos de los pueblos originarios, al violarse el artículo 2 Constitucional y los convenios internacionales por no consultarlos. En contraste, sostuvo que el PRI si representa a la gente del campo, pues luego de realizar foros en ocho estados del país, en donde reunieron a más de ocho mil productores para traer a la Cámara de Diputados el sentir de las y los productores.
“Nosotros queremos que se suspenda el procedimiento, que se haga la consulta a los pueblos indígenas y que se haga una nueva legislación que atienda a las 32 entidades de la Federación”, enfatizó, al tiempo que reclamó por la desaparición de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, que ayudaba a los campesinos más pobres de este país, que se dio hace unas horas.
A su vez, el diputado Humberto Ambriz Delgadillo afirmó que la Ley General de Aguas que impulsa Morena no garantiza derechos, concentra poder y crea inseguridad jurídica sobre el agua del campo. Este dictamen, dijo, contiene diversos elementos que afectan de manera inmediata y brutal a millones de productores y la seguridad alimentaria de nuestro país.
Primero, detalló, se prohíbe la transmisión libre de derechos de agua y no habrá transferencias automáticas de concesiones cuando se vendan, arrenden o hereden tierras; la trasmisión quedará sujeta a autorización discrecional de la autoridad. Esto implica que la parcela quedará dividida, la tierra por un lado y el agua por el otro.
De manera previa, en la reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y a nombre de la bancada del PRI, los diputados Ambriz, Leticia Barrera, Mario Calzada y Juan Francisco Eguía, advirtieron que la iniciativa presentada no ofrece soluciones operativas reales ni un análisis integral de sus impactos.
El vicecoordinador Alejandro Domínguez consideró que las prisas hacen que cometan errores, “hoy cometen una barbaridad jurídica, política y social”.
Los priistas sostuvieron que el proyecto concentra facultades en la Federación y reduce los márgenes de acción de estados y municipios, ignorando la realidad de un país “diverso, desigual y complejo”; además que varias disposiciones generan inseguridad jurídica, al permitir que decisiones sobre concesiones, sanciones, revisiones y condicionamientos dependan de criterios amplios o ambiguos.
“Los productores y las productoras de México no están pidiendo favores ni concesiones políticas, están pidiendo diálogo y tiempo para construir una legislación hídrica que le dé certeza al campo mexicano”, argumentaron.
Los diputados priistas subrayaron que el área de oportunidad está en la tecnificación del campo, en destinarle más dinero para hacerlo más eficiente y productivo, por lo que insistieron en suspender la discusión.
“El PRI elige proteger al campo, nunca a favor de leyes al vapor y siempre defendiendo la mesa de todos los mexicanos”, enfatizaron.