Como ya se hizo costumbre desde el año 2017, el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que ajustar su presupuesto para el año entrante para adecuarse al nuevo recorte presupuestario de mil millones de pesos que le impusieron el gobierno federal y la mayoría legislativa de Morena, y que provocó un rechazo unánime de los consejeros.
“Desgraciadamente se ha vuelto lo ordinario tener que ajustar nuestro presupuesto cada año porque sufrimos recortes presupuestales”, se quejó la consejera Dania Ravel durante una sesión del Consejo General de hoy.
La consejera recalcó que, en realidad, el INE sufrió dos recortes que amputaron los 15 mil 100 millones de pesos que solicitó en agosto pasado.
El primero, de 3 mil 119 millones de pesos, fue impuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), y el segundo, de mil millones de pesos adicionales, fue determinado por la Cámara de Diputados en el presupuesto aprobado.
Ravel deploró que la Cámara de Diputados no dio ninguna explicación al INE para justificar la reducción presupuestal, pese a estar obligada a hacerlo, pues el árbitro electoral goza de autonomía constitucional, que se refleja entre otros en la atribución de su presupuesto.
“Reitero la exigencia de que las autoridades hacendarias y legislativas respeten la autonomía presupuestal del INE, indispensable para garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía”, exhortó el consejero Martin Faz.
El consejero Arturo Loza subrayó por su parte que el INE ha sufrido recortes de manera sistemática desde 2017, los cuales se han agudizado en años recientes: el recorte fue de 300 millones de pesos en 2017, subió a 800 millones en 2018, creció a 950 millones en 2019 y llegó a mil 71 millones de pesos en 2020. Desde 2022, los montos se han disparado: 4 mil 900 millones de pesos eses año, 4 mil 475 millones en 2023, 5 mil millones en 2024, hasta alcanzar el récord de 13 mil 476 millones de pesos en 2025.
El INE recortó el 84% de estos mil millones de pesos a proyectos de su cartera institucional, y restó el 16% restante a su presupuesto base, es decir, eliminando plazas y gastos en 14 unidades responsables, especialmente la unidad de Capacitación Electoral o la Dirección General del Registro Federal de Electores.
La consejera Norma Irene de la Cruz Magaña aseguró que los tijerazos no afectarán las elecciones locales de este año en Coahuila, ni la organización del magno proceso electoral federal de 2026-2027, que combinará elecciones políticas –de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos estatales– y elecciones judiciales.
Sin embargo, el consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que “es irracional suponer que con el mismo dinero el Instituto podrá llevar a cabo cualquier tipo de tarea que se le encomiende”, y rechazó la afirmación vertida desde el poder durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador según la cual “las elecciones mexicanas son caras”.
Entre los proyectos que sufrirán los recortes destacan la atención y prevención de violencia sexual, la contratación de auxiliares jurídicos y el arrendamiento de plantas de emergencia para las elecciones en Coahuila.
Víctor Hugo Sondón Saavedra, quien es representante del PAN en el Consejo General del INE, acusó al gobierno de someter el INE a una “asfixia presupuestal”, y que pretende hacer “morir” al instituto como “lo han venido haciendo con muchos organismos autónomos”.