Para la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2026 no surgió por una reflexión profunda sobre la salud pública. Detrás de la decisión, sostiene el organismo, hay personajes que considera cuestionables: el exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell, Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, y todo un andamiaje articulado en torno de la Fundación Bloomberg.
En entrevista, el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, explica que “el daño ya está hecho”. Habla del impacto inmediato, el aumento al IEPS a cigarros y refrescos que pone en extinción a miles de tienditas, así como del impacto intangible, el prestigio de un sector que, de un momento a otro, quedó envuelto en insinuaciones.
Rivera recuerda que durante la discusión del aumento se presentaron estudios que relacionaban a las tiendas de abarrotes y a la Anpec misma con un supuesto trabajo en favor de las refresqueras.
“La verdad es que, cuando quieres calumniar a alguien empiezas por sembrar la sospecha. Y aquí lo primero que dicen es, Anpec es el brazo ejecutor, el que le hace el trabajo sucio a Coca-Cola”, expone.
De acuerdo con un análisis de la Alianza por la Salud Alimentaria, publicado en octubre de 2025, se documentó que mediante repartidores de Coca-Cola se distribuyó en miles de tiendas un comunicado firmado por la Anpec convocando a cerrar sus negocios unos minutos el 3 de octubre último en protesta contra el impuesto a las bebidas azucaradas.
Rivera lo niega y asegura que hay un mercado diversificado de venta de refrescos.
“El pequeño comercio en México vende siete de cada 10 refrescos que se ofertan en el país. Siete de 10. No de Coca-Cola. De todos los refrescos. Toda la gente del sector se vio intimidada con mucho temor”, comenta.
Para el presidente de la Anpec, hay una presión fiscal, una crisis silenciosa donde el Estado ya no tiene dinero y recurre a los impuestos para compensar la falta. Lo demás, explicó, es un discurso que busca moralizar la medida.
Es un pretexto -asegura-. Esos impuestos no son saludables, este aumento de impuesto no es un aumento saludable, es un aumento de impuesto regresivo, del cual se piensa recaudar 42 mil millones de pesos.
A su juicio, detrás del discurso sanitario hay intereses de funcionarios, organizaciones civiles, redes internacionales con agendas financiadas.
Rivera apunta directamente a la Fundación Bloomberg como la causante de haber pagado a asociaciones y funcionarios para promover ciertas iniciativas. Recuerda lo ocurrido en plena pandemia.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) firmó un acuerdo con dicha fundación por un millón 724 mil dólares para impulsar la Iniciativa de Prevención de la Obesidad. En el documento se identifica a El Poder del Consumidor como uno de los socios encargados de la estrategia.
“Alejandro Calvillo ha sido cuestionado por su relación con la Fundación Bloomberg”, dice.
Ese interés también quedó en evidencia cuando no se generó un debate legislativo. El presidente de la Anpec subrayó que, durante los foros en el Legislativo para discutir el aumento del impuesto, las organizaciones promotoras del IEPS confirmaban asistencia, pero no acudían.
“No quisieron dialogar con el sector”, asegura.
Mientras avanza el aumento al impuesto, el escenario para el sector comercios se vuelve más áspero; Rivera admite que en esta alza fiscal no se contempló el peligro de la extorsión que se enfrenta en México.
La extorsión en puntos pequeños de venta está, en promedio, en 500 pesos a la semana; en otros casos, dos mil pesos, pero hay situaciones en que es mucho mayor -denuncia.
Para el presidente de la Anpec el comercio está presionado por impuestos, señalado por intereses ajenos y arrinconado por el crimen. “Es una tormenta perfecta”.