La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa, a fin de incluir entre las atribuciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la de vigilar y garantizar programas para promover la cultura física y deporte para las personas con discapacidad.
La propuesta, que adiciona y modifica fracciones del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece que la Conade también debe impulsar la accesibilidad incluyente en las instalaciones públicas y privadas deportivas “destinadas a la práctica de actividades físicas y deportivas”.
Adicionalmente, fomentar y promover “campañas de sensibilización social que contribuyan a eliminar los estigmas y prejuicios hacia las personas con discapacidad en el ámbito deportivo”.
En el texto, turnado a la Comisión de Deporte, se incorpora como otra facultad de la Conade la de celebrar todos los contratos y convenios que permitan cumplir con el objetivo para el cual fue creada y las demás que esta ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen.
Al exponer los motivos de su iniciativa, explica que las personas con discapacidades encuentran barreras físicas, sociales y de actitud para participar en el deporte, así como instalaciones y equipos inflexibles, falta de transporte, personal capacitado limitado, ausencia de oportunidades y programas adecuados, prejuicios y falta de infraestructura.
Refiere que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con base en la ENADID 2023, en México había 8.8 millones de personas de 5 años o más que declararon tener algún tipo de discapacidad.
Resalta que la Ley General de Cultura Física y Deporte actualmente contempla lineamientos sobre accesibilidad, pero no especifica de manera suficiente la obligatoriedad de adaptar instalaciones deportivas.
Añade que el artículo primero de la Constitución Política prohíbe toda forma de discriminación y el artículo cuarto, párrafo decimotercero, garantiza que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, lo cual obliga al Estado a crear las condiciones necesarias para el acceso universal a este derecho.
Subraya que la iniciativa garantizará que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas y que participen en igualdad de condiciones en actividades deportivas regulares y adaptadas.