El asesinato con arma de fuego del representante agrario, Marcos Aguilar Rojas, de la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco y la agresión a balazos de su hermano Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI) son investigados por la Fiscalía del Estado de Jalisco.
El titular de la dependencia estatal, Salvador González de los Santos declaró que una línea de investigación es determinar si la agresión ocurrió entre integrantes de la misma comunidad o si hubo una tercera persona que intervino.
«Respecto al homicidio precisamente que ocurrió el día de ayer, efectivamente, bueno, pues son temas y problemas de terrenos de los mismos de la misma comunidad. Efectivamente, hay una persona que falleció, hay dos personas lesionadas y estamos investigando, bueno, pues al parecer entre ellos fueron los que se dispararon. Estamos viendo, estamos investigando si hubo una tercera persona que haya intervenido, pero bueno, ahorita estamos precisamente en esta parte de esclarecer qué fue exactamente lo que sucedió, cómo ocurrieron los hechos. Efectivamente, hay una persona fallecida y otras dos personas lesionadas», anotó.
González de los Santos apuntó que el lesionado, -quien recibió un impacto en el estómago- estuvo discutiendo sobre los problemas de terrenos.
El fiscal estatal confirmó que el homicidio ocurrió este miércoles y que hay dos personas más lesionadas. Las investigaciones preliminares de la Fiscalía Estatal señalan que el incidente está relacionado “con problemas de terrenos dentro de la misma comunidad”.
En cuanto a un presunto despojo previo en la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, el fiscal manifestó que no hubo un despojo como tal. Indicó que, para entregar la posesión de un bien inmueble, se requiere una autorización judicial, la cual no se obtuvo en este caso. Argumentó que la policía investigadora realizó una diligencia en el lugar, pero no se despojó a nadie ni se entregó la posesión a terceros.
González de los Santos afirmó que están dispuestos a escuchar a los afectados y aclarar la situación, y se comprometió a que si hubo alguna irregularidad por parte del personal se actuará en consecuencia.
Sin embargo, la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Atzqueltan, de Villa Guerrero, manifiesta que detrás del homicidio está un problema complejo de disputa de terrenos, de los que tienen títulos virreinales de propiedad y que están disputando con otros pequeños propietarios y caciques locales, lo que ha generado fricciones y violencia entre estos dos grupos. Esto ante la apatía e inacción del gobierno federal y del gobierno de Jalisco.
Los indígenas manifestaron que desde el pasado 4 de noviembre, presuntos policías investigadores de la Fiscalía del Estado ingresaron a varios predios que los comuneros indígenas tenían en posesión, y exigieron que los abandonaran.
La disputa legal por la tierra se encuentra en trámite ante el Tribunal Agrario 16 desde 2015, demandan el reconocimiento de derechos de 39 mil hectáreas en posesión de 119 comuneros.