Nuevos megaproyectos de ampliación portuaria y gas previstos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la península de Baja California generaron un activismo de decenas de agrupaciones ciudadanas y ambientalistas ante la escasa información pública sobre los detalles; exigen al gobierno federal que revise su viabilidad ante el riesgo de que deriven en daños irreversibles, como la destrucción de playas y el peligro para animales y ecosistemas marinos.
En el norte el colectivo Ensenada Digna, en el que participan ciudadanos de diversos sectores, advierten riesgos en caso renovarse los puertos en dicho municipio, según un anuncio hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en diciembre último.
Aunque las primeras movilizaciones dieron como resultado el anuncio de la propia presidenta de que habrá una consulta pública, eso no ha tranquilizado a la sociedad organizada, dadas las experiencias previas con otros proyectos, como el de la empresa Constellations Brand.
La obra está prevista en la delegación Sauzal de Rodríguez, frente a las carreteras que llevan a la Ruta del Vino en el Valle de Guadalupe, e implicaría construir una plancha de concreto a lo largo de 4.5 kilómetros y destruir nueve playas de la sexta Reserva Mundial de Surf Bahía de Todos Santos y cuna del surf mexicano (playas 3 Emes y San Miguel).
En Baja California Sur la coalición Ballenas o Gas alerta de riesgo de muerte para los cetáceos –entre otras afectaciones comunitarias– en caso de que se instale una planta de generación de electricidad con gas, pues entrarían enormes buques metaneros a la bahía de Pichilingue, en la ciudad capitalina La Paz.