El diputado federal Marcelo Torres Cofiño, del PAN, advirtió que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión.”
Torres Cofiño señaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no toca lo que de verdad está destruyendo la economía de las familias:
“La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda. Por eso todo está más caro.”
El legislador subrayó que la nueva ley deja fuera temas esenciales:
* La inflación criminal que encarece alimentos y servicios.
* La obligación de SHCP, INEGI y Banxico de medir el impacto económico del cobro de piso.
* La protección a MiPyMEs, principales víctimas.
* La responsabilidad de autoridades que permiten que municipios enteros sean capturados por la extorsión.
* Obligaciones para telefónicas, plataformas y bancos.
Marcelo Torres fue tajante:
“Cuando las extorsiones salen desde cárceles y en carreteras manda el crimen, eso no es incapacidad: es complicidad. Una ley que no quiere ver eso, no quiere resolver nada.”
Finalmente, advirtió:
“México no puede resignarse a vivir bajo la extorsión mientras el gobierno sigue en negación. Vamos a exigir correcciones profundas. No vamos a permitir que el narcogobierno convierta la extorsión en la nueva normalidad del país.”
