La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados externó su apoyo a la senadora Carolina Viggiano, que fue citada a declarar por la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo, en el caso de la llamada “estafa siniestra” orquestado en esa entidad en el anterior gobierno del ahora expriísta Omar Fayad.
Dicho escándalo se refiere a una red de corrupción en el anterior gobierno estatal a cargo del entonces priísta Omar Fayad, y en la que se habrían involucrado más de 10 administraciones municipales, para desviar más 522 millones de pesos del erario.
Los priistas en San Lázaro calificaron la acción jurídica contra la legisladora federal como un acto de intimidación y un ataque a la libertad de expresión.
Ello, al indicar que el requerimiento de la autoridad estatal contra la parlamentaria del tricolor es un acto que busca limitar y reprimir la libertad de expresión, ya que se genera a partir de declaraciones hechas por la señalada en un podcast.
“Manifestamos de manera enérgica nuestra condena al uso faccioso y político de la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo. Consideramos que una institución que debería estar dedicada a garantizar la seguridad de la ciudadanía y a combatir de manera frontal a la delincuencia organizada, hoy se encuentra desviando sus funciones para convertirse en un instrumento de persecución y hostigamiento contra quienes piensan distinto o forman parte de la oposición”, recriminaron.
También catalogaron el citatorio a la senadora Viggiano Austria como ilegal, porque se toma como argumento declaraciones que ella hizo en un podcast.
Se trata de un intento de intimidar a la parlamentaria y de coartar la libertad y derecho que tiene a hablar de irregularidades en el ámbito gubernamental.
Acusaron al gobierno hidalguense de usar los instrumentos de justicia a su alcance para ejercer presión política, lo que representa una afrenta a las libertades reconocidas en la Constitución y un ataque a la democracia.
Refrendaron apoyo incondicional a su compañera de partido y lanzaron exigencias al gobierno de Hidalgo.
“Exigimos que el gobierno estatal actúe con imparcialidad, respeto a la legalidad y apego a los principios de justicia, evitando cualquier acción que pueda interpretarse como persecución política. La democracia requiere instituciones sólidas, independientes y confiables, no organismos utilizados para acallar voces críticas”, sentenciaron.