A seis meses de terminar su administración, el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, entregó en comodato un terreno de más de 8 mil metros cuadrados a la empresa automotriz Mazda, a pesar de que la Ley de Patrimonio Inmobiliario del Estado prohíbe este tipo de contratos con empresas privadas. 

La bancada de Morena en el Congreso local hizo pública la irregularidad del sexenio anterior y que ahora quiso enmendar la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al promover ante el Legislativo la desafectación y enajenación del terreno para que la trasnacional se quede con el predio para extender la planta que tienen en el municipio de Salamanca. 

El contrato de comodato se firmó el 20 de marzo de 2024, apenas medio año antes de que concluyera el sexenio de Rodríguez Vallejo. La legislación estatal establece que los bienes inmuebles solo pueden cederse en comodato a dependencias públicas, organismos autónomos, instituciones educativas o asociaciones sin fines de lucro, lo que excluye a empresas privadas como Mazda. 

Hace un par de semanas, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo solicitó formalmente al Congreso la desafectación y enajenación del predio con valor de hasta 40 millones de pesos, ubicado en Rancho Crucitas Espuelas, municipio de Salamanca. 

Según el expediente que acompañó la solicitud para la donación, el comodato fue suscrito por José Luis Cuéllar Franco, director de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas —quien continúa en el cargo—, y Juan José López Aboytes, entonces director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, hoy funcionario de la Secretaría de Economía. 

Un avalúo municipal de Salamanca estimó el valor catastral del terreno en 2.5 millones de pesos, sin embargo, la diputada morenista Hades Aguilar Castillo aseguró que su valor actual supera los 40 millones de pesos. 

En sesión del Congreso local, Aguilar Castillo anunció que presentará una denuncia penal contra el Gobierno del Estado de Guanajuato, al considerar que el PAN “consumó un robo” al entregar el terreno a Mazda. 

“Aquí no hablamos de incentivos económicos, sino de transferir ilegalmente riqueza pública a manos privadas”, señaló la legisladora. 

Hades Aguilar consideró que la solicitud de Libia García para oficializar la donación solo busca “legalizar el saqueo”. 

“Dieron en comodato violando la ley, y ahora buscan que el Congreso lo valide. La afectación al patrimonio del pueblo es medible, continuada y dolosa”, afirmó. 

En respuesta, el diputado panista Víctor Zanella Huerta defendió la donación con el argumento que se trata de incentivos a empresas para fomentar el empleo, estrategia que también sigue el Gobierno Federal. 

“No se trata solo de obtener ingresos, sino de orientar los recursos a fines estratégicos que generen beneficios económicos, sociales y laborales a largo plazo”, dijo. 

Zanella recordó que hasta 2020, Mazda había generado más de 5 mil 300 empleos formales y acumulado 785 millones de pesos en inversión en el estado. 

Por su parte, el legislador morenista Abraham Ramos Sotomayor afirmó que Morena no se opone al desarrollo económico, pero que el gobierno de Rodríguez Vallejo carecía de facultades legales para otorgar el comodato. 

“No se puede usar este esquema con fines de lucro. Avalar la donación sería validar un acto ilegal desde su origen”, advirtió. 

Ante las críticas, el panista Erandi Bermúdez Méndez recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador otorgó una concesión por 15 años en Bahía de Banderas, Nayarit, al Grupo Vidanta, propiedad de un empresario cercano a su gobierno. 

Durante la discusión ningún legislador del PAN hizo referencia a la acusación de Morena sobre las irregularidades en la entrega del comodato a Mazda. 

La donación del nuevo predio para la armadora se concretó con el voto de 24 legisladores del PAN, PRI, PVEM. PRD y Movimiento Ciudadano. En contra votaron Morena y PT. 

Mazda ya había recibido 300 hectáreas y otros 381 millones de pesos en incentivos 

Para que Mazda instalara una planta en Guanajuato, en 2011 el gobierno estatal destinó casi 700 millones de pesos en incentivos para la empresa automotriz. 

El paquete incluyó un terreno de 300 hectáreas valuado en 310 millones, obras viales por 294 millones y 87 millones en efectivo para gastos iniciales, capacitación y permisos. 

Además, el gobierno se comprometió a gestionar permisos ante autoridades locales y federales, facilitar visas de trabajo para el personal japonés y construir una escuela japonesa para los hijos de los directivos.