De los 32 estados del país, 25 mantienen una deuda conjunta de 88,169.4 millones de pesos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al corte de agosto de este año, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Esto representa las aportaciones que hacen las entidades, en su calidad de patrón. La carga de la deuda está concentrada en Veracruz, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Ciudad de México, y Baja California Sur, que suman 82.2% del monto total, equivalente a 72,473.9 millones de pesos.
Las cifras presentadas reflejan los saldos netos de deuda de cada estado, ya que a partir de abril de 2025, el ISSSTE comenzó a distinguir y separar las obligaciones correspondientes a las entidades, de otras dependencias, como la deuda que antes se atribuía a Ciudad de México, pero que en realidad correspondía a instituciones como la Presidencia de la República.
Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas no tienen adeudos al ISSSTE.
Veracruz encabeza la lista, con 24.5% del adeudo total, por un monto de 21,572.5 millones de pesos; que se divide en dos rubros principales. El primero corresponde a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales (122.6 millones de pesos).
Este rubro cubre las cuotas y aportaciones para financiar la atención médica, las pensiones por invalidez o fallecimiento, la protección contra accidentes laborales y los servicios de bienestar social para los trabajadores estatales y sus familias.
Sin embargo, el grueso de la deuda de Veracruz está en los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en este concepto, que representa 99.4% de lo que el estado le adeuda al ISSSTE (21,449.8 millones de pesos).
Lo anterior representa las aportaciones que los empleadores están obligados a realizar para capitalizar el ahorro previsional de sus trabajadores y así garantizar el pago futuro de sus pensiones y jubilaciones. Esta situación implica que Veracruz tiene un incumplimiento casi total en su responsabilidad de asegurar el futuro de sus empleados estatales.
El rubro de seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez representa la carga más pesada de la deuda de los estados con el ISSSTE, de 76,987.9 millones de pesos, que equivale a 87.3% de la deuda conjunta.
La deuda para pensiones se concentra en cinco entidades, las cuales suman 75.4% del total. Veracruz tiene la mayor proporción con 27.9%, le sigue Guerrero con 22.5%, Michoacán con 10.3%, Hidalgo con el 7.7% y Oaxaca con el 7.1%; el restante 24.6% lo concentran 17 entidades.
Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala no presentaron adeudos por pensiones.
“El Seguro de Salud se financia con la cuota social que aporta el gobierno federal por cada persona trabajadora y pensionada, con las aportaciones que realiza en su calidad de empleador por cada persona trabajadora, y, en segundo lugar, con las aportaciones que realizan las personas trabajadoras activas”, explica el CEFP.
En lo que respecta a los pensionados, el modelo varía según su fecha de incorporación al sistema. “Por parte de los asegurados cuyo régimen es anterior a la entrada en vigor de la Ley del ISSSTE 2007, la única aportación que la institución recibe es la cuota social a cargo del gobierno federal por cada una de las personas pensionadas”.
Mientras que para aquellos que se pensionaron a partir de 2007, el financiamiento se complementa con “las aportaciones que realizan las personas trabajadoras activas y las cuotas que aporta el gobierno federal”.
Las proyecciones financieras del ISSSTE pintan un escenario crítico para las décadas venideras. El CEFP prevé que el gasto de funcionamiento del Seguro de Salud crecerá a una tasa promedio anual de 7.6% entre 2024 y 2028, mientras que las aportaciones adicionales requeridas del gobierno federal aumentarán a un ritmo de 13.6% anual en términos reales.
Esta presión se ve agravada por la transición epidemiológica hacia enfermedades crónico-degenerativas -como diabetes, hipertensión y cáncer, que en 2021 representaron erogaciones por 19,859 millones de pesos, equivalentes a 12% del presupuesto total de salud del instituto.
El envejecimiento acelerado de la población derechohabiente, cuya esperanza de vida pasará de 75.67 años en 2025 a 80.13 en 2050, más la caída en la relación de trabajadores activos por pensionado de 3.3 en 2010 a 2.3 en 2023, es otro desafío identificado.
Para 2050, las aportaciones federales adicionales necesarias para el ISSSTE equivaldrán a 99.9% del presupuesto actual de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes